De acuerdo con un boletín de prensa, la Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Yucatán confirmó la suspensión definitiva concedida en el amparo 1889/2023, promovido por la niñez de Santa María Chí contra una granja porcícola que opera en la región.
Esta decisión, fechada el 21 de mayo de 2024, ordena a las autoridades responsables tomar medidas urgentes para proteger el medio ambiente y los derechos de los menores afectados.
La sentencia destaca que, a pesar de las diversas “medidas correctivas y de apremio, incluso la clausura parcial temporal y una multa de 15 millones de pesos”, la granja sigue operando con la aquiescencia de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Esta resolución se suma a otra concedida en dúas anteriores, como informó 24 Horas Yucatán; pues el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán otorgó una suspensión definitiva que impide la emisión de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la empresa “Chumoxil, S.A. de C.V.”, operadora de la granja.
El Sub-Comisario de Santa María Chi, Wilberth Alfonso Nahuat Puc, promovió el juicio de amparo 754/2024 en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) por concluir una denuncia ciudadana ambiental sin tomar medidas efectivas.
Responsabilidad de las autoridades
Ahora, otra Jueza sostuvo que la operación de la granja afecta múltiples derechos de la niñez de Santa María Chí, incluyendo “un medio ambiente sano, una vida digna, el acceso al agua y el equilibrio ecológico”.
La resolución subraya el “peligro inminente” de que, si la granja continúa operando, se provoquen “perjuicios de difícil reparación” para la niñez local, debido al potencial daño al acuífero de la península.
Para la concesión de la suspensión, la juzgadora aplicó el “principio de prevención y precaución” debido al “peligro de daño grave e irreversible” y la “falta de certeza científica absoluta” sobre los impactos ambientales de la granja.
Las empresas operadoras no presentaron pruebas científicas que garantizaran la no afectación del medio ambiente ni exhibieron las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental.
Obligaciones Impuestas
La resolución requiere a las autoridades responsables, específicamente a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), a la representación de la PROFEPA en Yucatán y a la Directora de Asuntos Jurídicos de la CONAGUA, que establezcan medidas de protección y verificación en un plazo de tres días. El incumplimiento de esta orden acarreará responsabilidades y multas.
La comunidad de Santa María Chí ha denunciado consistentemente que la granja porcícola contamina el entorno, afectando principalmente a la población indígena local. La jueza consideró que la operación de la granja podría causar “daños irreversibles” al medio ambiente, incluyendo la contaminación del agua, deforestación, muerte de vegetación y desplazamiento de especies.
Nahuat Puc explicó que esta suspensión definitiva obliga a la granja a implementar medidas para mitigar el impacto ambiental y prevé sanciones en caso de incumplimiento. Esta acción refuerza la lucha de la comunidad por un medio ambiente sano y el respeto a sus derechos constitucionales.
Abraham Bote Tun