El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán concedió una suspensión provisional contra la construcción del complejo turístico Las Dunas, ubicado en la comisaría de Chuburná Puerto, en el municipio de Progreso.
La resolución ordena detener de inmediato los trabajos de edificación y la ejecución de las licencias municipales de uso de suelo y construcción, como parte del juicio de amparo promovido por habitantes de la comunidad.
La demanda cuenta con el respaldo jurídico de Kanan Derechos Humanos y del colectivo Salvemos las Dunas, organizaciones que cuestionan el proceso mediante el cual se autorizaron las obras y sus posibles efectos sobre el ecosistema costero.
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Amparo cuestiona permisos del proyecto Las Dunas
El recurso legal plantea una presunta vulneración de los derechos humanos ambientales y del derecho de la población a participar en las decisiones relacionadas con su territorio.
De acuerdo con los argumentos presentados en el amparo, el Ayuntamiento de Progreso otorgó los permisos correspondientes sin realizar los procesos de consulta previa, informada y ambiental que, según los promoventes, exigen estándares internacionales.
Entre ellos se encuentra el Acuerdo de Escazú, instrumento que establece disposiciones relacionadas con el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
El fallo del Juez de Distrito establece que las autoridades municipales responsables deben suspender cualquier obra que pueda afectar el ecosistema costero de la zona.
Además, la resolución contempla la implementación de la metodología correspondiente para desarrollar una consulta formal con la comunidad de Chuburná Puerto sobre los posibles impactos del proyecto turístico.
Suspensión queda sujeta a garantía de 50 mil pesos
Aunque el juzgado concedió la medida cautelar, su efectividad quedó condicionada al pago de una garantía de 50 mil pesos, cantidad que las partes demandantes deben cubrir dentro del plazo establecido por la legislación aplicable.
Ante esta condición, el colectivo Salvemos las Dunas lanzó una convocatoria de solidaridad ciudadana para reunir los recursos necesarios y cubrir la garantía fijada por el juzgado.
La organización también busca obtener fondos para solventar los gastos derivados del litigio, mientras continúa el proceso legal relacionado con el desarrollo turístico proyectado en Chuburná Puerto.
Por su parte, integrantes de Kanan Derechos Humanos consideraron que la resolución representa un primer avance en la defensa del litoral yucateco ante el crecimiento de proyectos inmobiliarios en zonas costeras.
La organización recordó que la suspensión judicial se suma a otras medidas adoptadas previamente por autoridades federales, entre ellas acciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Organizaciones exigen participación ambiental
Los representantes de Kanan Derechos Humanos señalaron que las autoridades deben garantizar los mecanismos de participación ambiental previstos en la normativa y los instrumentos internacionales aplicables.
“Es una obligación irrenunciable de las autoridades velar por el cumplimiento de los procesos de participación ambiental. Estaremos vigilantes del pleno acatamiento de las medidas cautelares por parte del Ayuntamiento de Progreso”, manifestaron los representantes de la organización civil.