La venta indiscriminada de los llamados “lotes de inversión” representa una amenaza para el patrimonio de las familias y la certeza jurídica en Yucatán, advirtió Mauricio Morales Greene, presidente de la CANADEVI Yucatán.
El dirigente señaló que, bajo el nuevo marco legal vigente en el estado, comercializar este tipo de esquemas puede constituir un fraude inmobiliario sancionado por la ley.
Morales Greene explicó que la especulación con tierra rústica creció durante los últimos años y afectó al mercado formal. Según el representante empresarial, los cambios legislativos y normativos buscan frenar esta práctica.
Qué características tienen los lotes de inversión
La CANADEVI Yucatán, en coincidencia con la AMPI Mérida, considera que gran parte de estos productos representan un riesgo para los compradores. A diferencia de un lote residencial formal, suelen consistir en fragmentaciones de monte o tierra rústica sin urbanización primaria.
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Entre sus principales características se encuentran la falta de accesos adecuados, ya que algunos predios se encuentran únicamente comunicados por brechas de terracería o zonas con vegetación cerrada.
También carecen de servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, drenaje y alumbrado público. Además, algunos se localizan a decenas de kilómetros de las zonas urbanas o de la costa, sin planes de desarrollo municipal ni factibilidad de servicios a corto o mediano plazo.
“El lote de inversión con las nuevas leyes se está erradicando; es vital decirlo a los clientes, el lote de inversión es un fraude inmobiliario con todas las letras de la ley y es penado”, aseveró Morales Greene.
Requisitos para verificar un desarrollo inmobiliario
El presidente de CANADEVI Yucatán recomendó a quienes buscan adquirir un terreno revisar la situación jurídica del proyecto y la documentación de la empresa antes de entregar dinero o firmar un contrato.
Entre los documentos que deben verificarse se encuentran las licencias de construcción municipales vigentes, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada y la inscripción correspondiente ante el INSEJUPY.
También deben existir contratos de adhesión ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). “El hecho de que el cliente final investigue a las constructoras es el mejor mecanismo que se puede tener para evitar un fraude y cuidar el patrimonio familiar”, puntualizó Morales Greene.
Cambios legales buscan frenar la venta irregular
El combate a estos esquemas también contempla la aplicación de la NOM-247-SE-2021 por parte de PROFECO, que sanciona la publicidad engañosa relacionada con características como la supuesta cercanía de terrenos con playas o centros urbanos cuando los predios presentan dificultades de acceso.
A esto se suma la reforma a la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, que establece restricciones para comercializar terrenos que no cuenten con garantías de municipalización de servicios.
Por su parte, dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) han realizado clausuras de desarrollos irregulares relacionados con la deforestación de selva baja sin permisos ambientales.