El “nuevo modelo de investigación’’ que llevó a la Fiscalía General de la República a solicitar a un juez la orden para detener al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, se fundamenta en el viejo estilo de arropar a “testigos protegidos’’ o “colaboradores’’.
La fiscal Ernestina Godoy informó que dos testimonios de testigos protegidos, esos que se usan cuando conviene y se desacreditan cuando no conviene, aseguraron que el exgobernador ordenó la destrucción de evidencia de la noche del 26 de septiembre del 2014, cuando fueron secuestrados y desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa.
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Según la narrativa de la funcionaria, Aguirre Rivero habría ordenado destruir las grabaciones de dos cámaras que, según los informantes, captaron el momento en el que el autobús en el que viajaban los desaparecidos fue detenido.
La versión, por si sola, no parece muy convincente, a pesar de que la fiscal aseguró que se reabrió la investigación y se encontró evidencia de que los dichos de los “colaboradores’’ eran ciertos.
Aguirre Rivero ya había comparecido en varias ocasiones ante las autoridades encargadas de la investigación y las diversas comisiones especiales que se han creado en estos casi 12 años para investigar el caso.
En ninguna de estas comparecencias, incluso las ocurridas en el sexenio de López Obrador, hubo una acusación directa como la que ahora lo tiene en prisión.
Si es responsable o no, ya será la autoridad responsable la que lo determinará.
Por lo pronto, el gobierno y su partido ya tienen, después de años, a un posible perpetrador de la desaparición cuya cabeza será ofrecida en bandeja de oro a los activistas de Ayotzinapa, el próximo mes cuando vuelvan a las calles a reclamar la promesa que les hizo López Obrador y que mantiene esta administración: encontrar y regresar con vida a los 43 ausentes.
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La Auditoría Superior de Puebla encontró irregularidades por 317 millones de pesos a la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle, del PAN.
La Auditoría entregó 44 pliegos de observaciones por el monto señalado, entre ellas una que tiene que ver con el ocultamiento de las propiedades de Cuautle y su esposo, Edmundo Tlatehui, a quien acusan de ser el verdadero poder tras el trono.
La edil se quiso curar en salud anunciando, en un evento, que “llegará con todas sus fuerzas, una campaña de odio’’ contra su gobierno.
Obvió, en su discurso, que se documentó que tiene cerca de 70 familiares, entre primos, tíos y sobrinos, cobrando la nómina del ayuntamiento, lo que genera una merma de más de 3 millones de pesos mensuales.
Tampoco dijo que pavimentó 2 km de calles a un costo de 80 millones de pesos, cuando todo ello podría haberse pagado con apenas uno.
El marido de Cuautle, Edmundo, ocupó la misma alcaldía de 2021 a 2024; también fue objeto de observaciones que aparentemente nunca aclaró.
En los más de 7 años de “gobierno patrimonial” de la pareja, se habla de desvíos superiores a los 1,500 millones de pesos.
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Para reforzar la seguridad en la zona aguacatera de Michoacán, el gobierno envió ayer a 1,557 efectivos federales; 657 de la Guardia Nacional y 900 del Ejército.
Es un reconocimiento de que el operativo montado después del asesinato de Carlos Manzo, fue insuficiente.
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El gobierno de Chiapas, encabezado por Eduardo Ramírez, entregó a Martha Lucía Micher, Malú, la medalla Rosario Castellanos en reconocimiento a su labor histórica en defensa de los derechos humanos de las niñas y las mujeres, sus aportaciones legislativas y políticas para consolidar la igualdad de género y la igualdad sustantiva en el país.
Felicidades.
@adriantrejo