Organizaciones ambientales, de derechos humanos, ejidos y comunidades mayas de la Península de Yucatán advirtieron que una resolución judicial en análisis podría limitar el acceso de los pueblos indígenas a la justicia ambiental, al exigirles demostrar posibles daños ecológicos antes de poder impugnar proyectos que consideran riesgosos para sus territorios.
Caso Akutzá y revisión judicial
La preocupación surge por el proyecto de sentencia del amparo en revisión 47/2025, que será resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Yucatán y está relacionado con las autorizaciones otorgadas a la granja avícola Akutzá, de Bachoco, en el municipio de Peto.
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El proyecto plantea desechar un juicio promovido desde 2023 por comunidades y ejidos de Quintana Roo, bajo el argumento de que no acreditaron interés legítimo para impugnar las autorizaciones ambientales y de construcción de la granja.
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Según la propuesta, los demandantes no aportaron elementos suficientes para demostrar posibles afectaciones al medio ambiente, particularmente al sistema hídrico y a la Laguna de Chichankanab, humedal protegido por la Convención Ramsar.
Las organizaciones sostienen que las comunidades sí acreditaron una relación directa con el territorio y los recursos naturales de la zona, especialmente por su dependencia del agua para actividades agrícolas y de uso cotidiano.
Advirtieron que, de confirmarse el criterio, el caso sería cerrado sin analizar el fondo del asunto: si la granja genera o no impactos ambientales en una región considerada vulnerable.
Referencia a criterios de la Suprema Corte
Cabe recordar que en mayo pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso relacionado con la regulación de granjas porcícolas en Yucatán y reconoció que las comunidades mayas tienen interés legítimo para acudir a los tribunales cuando buscan defender sus derechos colectivos, su territorio y el medio ambiente.
De acuerdo con los colectivos, el proyecto del caso Akutzá contradice ese precedente y también los principios establecidos en el Acuerdo de Escazú, que señalan que, ante posibles riesgos ambientales, corresponde a las autoridades y a las empresas demostrar que no existe peligro de daño, y no a las comunidades probar afectaciones consumadas para poder acceder a la justicia.
Expansión de la industria avícola en la región
La controversia también se desarrolla en un contexto de expansión de la industria avícola en la Península de Yucatán. Bachoco mantiene presencia en más de 28 municipios yucatecos y el proyecto Akutzá contempla una granja de producción de huevo incubable sobre casi 300 hectáreas en la zona limítrofe entre Yucatán y Quintana Roo.
Guillermo Torres Domínguez, coordinador legal de ProDESC, afirmó que la justicia ambiental existe para prevenir daños y no únicamente para actuar cuando éstos ya son irreparables.
Las organizaciones hicieron un llamado a los magistrados para garantizar el acceso efectivo a la justicia ambiental, aplicar los principios de prevención y precaución y reconocer el interés legítimo de las comunidades y ejidos que promovieron el amparo.
La resolución, señalaron, podría convertirse en un precedente nacional sobre el derecho de las comunidades a defender sus territorios antes de que ocurra un daño ambiental irreversible.