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Habitantes y productores de la comisaría de Tzemé reportaron este jueves el reinicio de actividades en una megagranja vinculada a la empresa Crío. Según los testimonios, la compañía reactivó los trabajos de expansión a pesar de contar con una suspensión previa emitida por las autoridades competentes. Los denunciantes manifestaron su preocupación ante lo que consideran una violación a las normativas ambientales vigentes.
Federico May Cuitún, productor de chile habanero y residente del municipio de Kinchil, confirmó que cuentan con material audiovisual como evidencia. El denunciante detalló que recibieron grabaciones en campo donde se observa la operación de maquinaria pesada dentro de la zona restringida. Esta reactivación de obras ocurre meses después de que los vecinos iniciaran procesos legales contra el proyecto.
"Esta mañana nos llegaron informes y videos en campo de cómo la maquinaria está allí continuando los trabajos de expansión de las megagranjas. Es un proyecto que denunciamos desde octubre y que, hasta donde sabemos, ya había sido clausurado", explicó el productor.
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Incertidumbre jurídica sobre el proyecto de expansión
El representante de los productores calificó como inexplicable el regreso de los trabajadores y la maquinaria al terreno en disputa. De acuerdo con su análisis, la situación actual plantea dudas sobre la vigencia de las resoluciones judiciales previas. Federico May Cuitún sugirió que la empresa podría estar actuando bajo un nuevo fallo o, en su defecto, ignorando las disposiciones de la jueza encargada.
"Solo pueden pasar dos cosas: o que les hayan quitado las suspensiones o que haya cambiado el fallo de la jueza, lo cual sería sorprendente; o que la empresa, pese a las restricciones, esté avanzando a la fuerza para levantar las naves y luego dificultar su retiro", advirtió el habitante de Kinchil. Por esta razón, los pobladores exigen una aclaración inmediata por parte de las autoridades ambientales.
La oposición a este complejo agroindustrial se mantiene firme desde octubre de 2025, cuando iniciaron las primeras protestas formales. Los ciudadanos argumentan que el funcionamiento de estas instalaciones genera afectaciones graves a la salud y al equilibrio ecológico de la región. No obstante, hasta el momento no existe un comunicado oficial que confirme cambios en la situación jurídica de la obra.