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Habitantes de Mérida interpusieron un amparo ante el Poder Judicial de la Federación para combatir el desabasto de agua. La medida legal busca obligar a las autoridades a solucionar la baja presión y las fallas estructurales. Consecuentemente, el grupo ciudadano pretende garantizar un suministro eficiente en toda la ciudad.
La diputada Larissa Acosta Escalante y el abogado Juan Pablo Delgado acompañaron a los ciudadanos durante este proceso jurídico. Según los demandantes, la crisis actual deriva de años de un crecimiento urbano desordenado y acelerado. En este sentido, la expansión de la urbe carece de los estudios de factibilidad hídrica necesarios.
El recurso legal responsabiliza directamente a la Japay, al Ayuntamiento de Mérida y a las dependencias de desarrollo urbano. Estas instituciones autorizaron nuevos fraccionamientos y cambios de uso de suelo sin asegurar el abasto suficiente de agua. Por esta razón, el sistema de suministro colapsó en diversas zonas habitacionales.
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Medidas urgentes para familias de Ciudad Caucel
Como acción inmediata, los quejosos solicitaron la instalación de cisternas y bombas para ocho familias en Ciudad Caucel. Esta medida busca mitigar los efectos negativos mientras el Poder Judicial dicta una sentencia definitiva. Por lo tanto, el acceso al líquido vital se prioriza como una necesidad básica.
Los especialistas estiman que la resolución del juicio de amparo podría demorar entre seis y nueve meses. Mientras tanto, los habitantes de la zona poniente enfrentan dificultades diarias debido a la infraestructura deficiente. No obstante, el litigio legal continuará hasta que se establezcan soluciones permanentes y efectivas.
Los promoventes subrayaron que la falta de planeación vulnera flagrantemente el derecho humano al agua. Asimismo, señalaron que las autoridades ignoran el principio de progresividad al permitir que las condiciones de acceso empeoren gradualmente. De este modo, la omisión oficial afecta directamente la salud de los meridanos de la zona.