Los recientes cambios al Código Penal del Estado de Yucatán garantizan el derecho al aborto legal hasta las 12 semanas de gestación, afirmaron especialistas en derecho penal. La reforma elimina cualquier posibilidad de criminalización para mujeres y personas gestantes que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo durante este periodo.
Aclaración legal: el aborto no es delito antes de la semana 12
El abogado penalista Aldrín Briceño Coronado explicó que, aunque no se modificó el artículo 1 de la Constitución de Yucatán —que protege la vida desde la concepción—, la reforma penal es suficiente para garantizar el derecho a decidir.
“La interrupción del embarazo antes de las 12 semanas ya no es punible en el estado. No se requiere modificar la Constitución para que este derecho sea reconocido”, afirmó Briceño.
Se fortalece la protección legal ante posibles reclasificaciones
Durante la discusión legislativa, la diputada de Movimiento Ciudadano, Larissa Acosta, impulsó una adición clave: el artículo 390 del Código Penal ahora prohíbe que un aborto no acreditado sea reclasificado como homicidio en razón del parentesco.
“Esto evita que los jueces interpreten de forma arbitraria la ley, especialmente en contextos donde el aborto se da por causas médicas o de riesgo para la salud”, subrayó.
La abogada Amelia Ojeda Sosa, de la asociación UAPSE, respaldó que, aunque no se haya eliminado la protección constitucional a la vida desde la fecundación, la reforma garantiza de forma clara la no criminalización del aborto voluntario hasta la semana 12.
Iglesia católica expresa rechazo a la reforma sobre el aborto
La Arquidiócesis de Yucatán lamentó la aprobación de la reforma que permite la interrupción legal del embarazo. El arzobispo Gustavo Rodríguez Vega señaló que la medida no representa una solución ética desde la perspectiva cristiana.
“La vida humana comienza desde el momento de la fecundación. No podemos aceptar como correcto algo que consideramos una forma de asesinato”, declaró el prelado.
El líder religioso también cuestionó el uso del término “suspensión del embarazo”, al considerar que busca suavizar lo que considera una realidad: la eliminación de un ser humano en gestación.
Aun con su desacuerdo, la Arquidiócesis llamó al respeto y al diálogo, reiterando que la iglesia se mantendrá firme en su defensa de la vida desde la concepción.