En un boletín, Greenpeace informó que el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de Mérida, Yucatán, ordenó la suspensión definitiva de los tramos 5 Norte (Cancún-Playa del Carmen), 5 Sur (Playa del Carmen-Tulum) y 7 (Escárcega-Chetumal) del Tren Maya.
Esta medida, según recalcó la agrupación, protege los derechos ambientales de las comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, al considerar que el proyecto no cumple con los principios fundamentales para garantizar un medio ambiente sano.
El Tribunal fundamenta su decisión
La decisión judicial se basa en los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que exigen la aplicación de los principios de prevención, precaución e in dubio pro natura.
Según el Tribunal, la mera existencia de autorizaciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo no es suficiente para garantizar la protección de la naturaleza y los ecosistemas.
En el caso de los tramos 5 Norte y 5 Sur, el Tribunal subraya la necesidad de realizar estudios adicionales antes de continuar con la construcción.
Estos estudios, que incluyen evaluaciones geológicas, geohidrológicas y geofísicas, deben ser presentados y evaluados por la autoridad ambiental correspondiente.
Tramo 7 enfrenta desafíos adicionales
De acuerdo con Greenpeace, para el tramo 7, el Tribunal también ordenó la suspensión debido a que la manifestación de impacto ambiental fue emitida con más de 12 condicionantes que aún no han sido cumplidas por los responsables del proyecto.
Estos incluyen la elaboración de un programa de rescate y reubicación de fauna silvestre, así como un programa de manejo de contingencias ambientales.
Preocupaciones sobre la efectividad del amparo
A pesar del fallo, el Tribunal ha enfrentado críticas debido a la tardanza de la suspensión, considerando que el proyecto ya ha avanzado considerablemente.
La preocupación principal radica en la falta de priorización de la conservación ambiental frente a intereses económicos y de desarrollo, como ha señalado la SCJN.
La organización ambiental recalcó que el llamado ahora es a un análisis más profundo por parte del Poder Judicial, para asegurar que se protejan los derechos humanos y el medio ambiente en toda la Península de Yucatán.