Desde las 11 de la mañana, Wilberth Nahuat Puc, subcomisario de Santa María Chi, enfrenta una audiencia en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), donde se le acusa de los delitos de despojo de propiedad y privación ilegal de la libertad.
Los señalamientos derivan de su participación en protestas contra las afectaciones ambientales y a la salud que atribuye a una granja porcícola del grupo San Gerardo, socio de Kekén.
Afuera del recinto judicial, decenas de personas se congregaron para manifestar su apoyo al activista.
Estrategia de criminalización
Entre los asistentes se encontraban integrantes de agrupaciones defensoras del agua y los derechos de los campesinos; y a la diligencia ingresaron observadores del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes documentaron los hechos.
Con pancartas y un megáfono, las y los manifestantes denunciaron lo que calificaron como una estrategia de criminalización contra Nahuat Puc por defender el derecho al agua limpia en Santa María Chi.
🔴 Organizaciones en defensa del agua y los campesinos se congregaron hoy frente al CJOM para respaldar al subcomisario de Santa María Chi en su audiencia, iniciada a las 11:00 horas. 🌱💧 #Justicia #Yucatán
— 24 Horas Yucatán (@24horasYucatan) December 12, 2024
Créditos: Juan Manuel Contreras pic.twitter.com/7soRwvK54X
“El comisario enfrenta a la justicia por defender el derecho de los pueblos originarios a tener agua limpia. Lo acompañamos porque lo que pase hoy sentará un precedente sobre cómo serán tratados estos casos en el futuro”, declararon.
Santa María Chi, una comisaría ubicada al oriente de Mérida, ha sido escenario de tensiones entre sus habitantes y empresas porcícolas.
Según estudios de organizaciones ambientales, las actividades de estas granjas han provocado la contaminación del agua subterránea, un recurso vital para las comunidades rurales de Yucatán.
En particular, los habitantes han señalado que los residuos generados por las granjas afectan los mantos freáticos, incrementando los riesgos para la salud pública y el ecosistema.
Esta problemática ha llevado a múltiples movilizaciones por parte de las comunidades afectadas, en las que Nahuat Puc ha jugado un papel fundamental.
La granja porcícola vinculada al caso pertenece al grupo San Gerardo, socio de Kekén, una de las empresas líderes en la industria porcícola en Yucatán.
Activistas han señalado que esta industria no solo genera daños ambientales, sino que también busca acallar a quienes se oponen a sus operaciones, como lo demuestra el proceso legal contra Nahuat Puc.
Finalmente, adelantaron que la resolución del caso será vigilada de cerca por activistas, organizaciones civiles y organismos internacionales, quienes advierten que la criminalización de los defensores del medio ambiente podría intensificarse si no se generan mecanismos adecuados de protección y justicia.