El Senado de la República aprobó por unanimidad reformas legales propuestas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfocadas en la protección de mujeres, niñas y niños. Entre las medidas destaca la creación de un Registro Nacional de Medidas de Protección, una de las promesas clave de la mandataria durante su campaña.

¿Qué es el Registro Nacional de Medidas de Protección?

Este registro busca garantizar la trazabilidad y efectividad de las medidas de protección dictadas por autoridades de los tres órdenes de gobierno. Formará parte del Sistema Nacional de Información y será administrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El acceso al registro permitirá a las autoridades federales, locales y judiciales coordinarse mejor para proteger a las víctimas, evitando la interrupción de medidas, sin importar la ubicación donde se emitieron.

Medidas inmediatas contra agresores

Una de las modificaciones más destacadas es la desocupación inmediata del domicilio conyugal o de pareja por parte del agresor, ordenada por el Ministerio Público en casos de peligro inminente. Esta medida se aplicará sin requerir acreditación de propiedad, garantizando la seguridad de las víctimas.

Además, se incorpora a la legislación la figura de órdenes de protección como política nacional para prevenir la violencia de género, priorizando el interés superior de las mujeres y niñas afectadas.

Nuevas disposiciones en la Ley General de Igualdad

Las reformas también actualizan el glosario de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, incluyendo conceptos como brecha salarial e igualdad salarial. Asimismo, se establece como objetivo la búsqueda de igualdad sustantiva en ámbitos familiares, laborales, de cuidados y salud.

Impacto en la lucha contra la violencia de género

Estas reformas representan un paso significativo hacia el cumplimiento de los compromisos internacionales de México para garantizar los derechos de las mujeres. La implementación efectiva del Registro Nacional será clave para mejorar la respuesta ante la violencia de género y asegurar la integridad de las víctimas.

Con esta legislación, México reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos y la igualdad de género, fortaleciendo los mecanismos para prevenir y sancionar la violencia.

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