Desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022 en El Salvador, miles de personas han sido detenidas sin orden judicial.

Las autoridades aseguran que el objetivo es combatir a las pandillas, pero organizaciones humanitarias y familiares de los presos denuncian graves violaciones a los derechos humanos

Las familias exigen, principalmente, una “prueba de vida” para conocer el estado de sus seres queridos, muchos de los cuales han sido detenidos sin pruebas claras o acusaciones válidas.

Este fenómeno ha aumentado las tensiones en el país, mientras los ciudadanos esperan respuestas del gobierno.

Detenciones arbitrarias y la falta de transparencia

Según informes de organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario y Amnistía Internacional, aproximadamente 30,000 de los 83,000 detenidos bajo este régimen son inocentes.

La falta de acceso a los presos y las visitas carcelarias prohibidas han contribuido a que muchas familias no sepan dónde se encuentran sus seres queridos o incluso si están vivos.

La situación ha generado desesperación, con familiares como Reynaldo Santos, quien exige saber si su hijo está vivo o muerto tras ser detenido arbitrariamente.

People hold allusive signs during a demonstration calling for the release of relatives detained during the decree of a state of emergency by the Salvadoran government to combat criminal groups, in San Salvador on October 23, 2024. Families of prisoners in El Salvador demand the government of Nayib Bukele a “proof of life,” while human rights organizations denounce that there are hundreds of innocent people who have been granted freedom but remain imprisoned. Despite the criticism, the Minister of Justice and Security, Gustavo Villatoro, states that the authorities act “responsibly” and “ensure that no abuses occur.” (Photo by STRINGER / AFP)

El llamado de la sociedad civil por transparencia

Ante la opacidad de la situación, varias organizaciones no gubernamentales lanzaron una campaña titulada “Prueba de vida”, donde solicitan la liberación de los inocentes y la garantía de derechos básicos como los exámenes médicos y las visitas.

La abogada Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico, señala que muchos de los detenidos han recibido órdenes de libertad que no han sido acatadas por las autoridades.

AFP/


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