Un total de 45 municipios tienen irregularidades por 79.3 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2023, de acuerdo con el reporte de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (Asey).
El tema fue reportado al Congreso del Estado, donde iniciaron la investigación correspondiente, y, de confirmarse, se aplicarán sanciones.
Justificación de gastos
Las observaciones se concentran en irregularidades en la justificación de gastos, pagos de proveedores, liquidaciones, gastos injustificados, entre otros.
Esto genera inquietud entre los auditores de la Asey sobre el cumplimiento de los procesos administrativos y el uso transparente de los fondos, de acuerdo con el reporte de revisiones realizadas por la Asey.
Municipios en alerta
Entre los municipios que han captado más la atención de los integrantes de la Comisión de Hacienda del Legislativo está Progreso, pues durante la revisión de las cuentas del año pasado se detectaron irregularidades por 12 millones 864 mil 605 pesos, según informó la presidenta de ese organismo, María Magadán Alonso.
“Es el Ayuntamiento con más irregularidades en recursos ejercidos pendientes de comprobar, de todos los auditados hasta ahora.
Además, falta la auditoría del 2024, por lo que la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública estará atenta a la respuesta sobre este posible desfalco”, precisó la diputada.
Municipio
Entre otras irregularidades detectadas a Progreso son: Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, falta de justificación para programas sociales, depósitos no registrados, pagos sin documentos comprobatorios, finiquitos y pagos laborales no comprobados, pagos a proveedores sin documentación de respaldo.
Aparte de Progreso, Izamal es el segundo municipio con mayores observaciones y montos de posible daño al erario público, según los informes de la ASEY.
En Izamal, el posible daño se estima en 7.3 millones de pesos, con observaciones que señalan problemas de control interno en la ejecución de fondos, especialmente en proyectos de inversión y servicios esenciales.
Entre otras observaciones figuran: deficiencia en el control interno, incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, diferencias en ingresos, desviación en egresos, préstamos no justificados, pagos de nómina sin documentación, ayudas sociales sin reglas de operación, pagos en efectivo no justificados y duplicidad en pagos.
La ASEY destaca que de las 925 observaciones preliminares de la Cuenta Pública 2023, 360 permanecen sin solventar, representando un daño potencial de 79.3 millones de pesos, siendo los municipios los principales responsables de estas observaciones.
El organismo auditor informó que ha promovido acciones de responsabilidad administrativa para sancionar las irregularidades, acumulando 313 acciones que incluyen 217 pliegos de observación y 60 acciones para la comprobación fiscal.
Magadán Alonzo precisó que los ayuntamientos tienen un plazo de 120 días para aclarar y, en su caso, resarcir esas irregularidades.
Pasado ese plazo, se podrían iniciar procesos administrativos e incluso denuncias penales contra aquellas autoridades municipales que no hayan justificado y corregido las observaciones hechas por la Auditoría Superior.
“Si no cumple, la ASEY vuelve a intervenir y escalar a otras instancias para que el daño sea reparado; esto podría derivar en denuncias penales”, comentó.
Hasta la fecha, han recibido auditorías de 57 municipios, y faltan las auditorías de 49 ayuntamientos, que se recibirán en una tercera entrega programada para febrero.
“Todo lo que respecta a nuestra responsabilidad será atendido para aclarar todas las observaciones de la Auditoría Superior en el ejercicio 2023, y lo mismo aplicar para el 2024”, finalizó.
De las auditorías pendientes, la mayoría corresponde a la categoría de cumplimiento financiero, que incluye 198 revisiones programadas, de las cuales se han completado 89. En cuanto a auditorías de inversión pública y desempeño, de las 31 auditorías programadas, solo se han realizado 14 , lo cual deja un rezago considerable en la fiscalización. La ASEY enfrenta un reto importante para garantizar una revisión completa y exhaustiva del uso de los recursos públicos durante el ejercicio 2023.