FOTO: CÉSAR GÓMEZ/CUARTOSCURO.COM

El Ministerio de Salud de Perú desató una controversia al catalogar la identidad trans como una enfermedad mental, según el decreto supremo N° 009-2024-SA, firmado por la presidenta Dina Boluarte.

Esta medida, parte de una actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), ha generado preocupación y protestas en la comunidad LGBTIQ+ del país.

El decreto incluye términos como transexualismo y trastorno de la identidad de género en la lista de problemas de salud mental, utilizando la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE-10), a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) excluyó la transexualidad de su manual de enfermedades hace dos años.

Las reacciones no se hicieron esperar. Leyla Huerta, presidenta de Féminas Perú, denunció que esta medida busca marginar a las personas trans, limitando sus derechos y fomentando la violencia hacia su comunidad.

La comunidad LGBTIQ+ y diversas organizaciones han solicitado la derogación del decreto y la implementación del CIE-11. Manuel Siccha, abogado LGBT, exige al Congreso peruano tomar medidas para proteger los derechos de las personas LGBTIQ+ en el sistema de salud.

La ONG Más Igualdad Perú recolectó firmas para cancelar la inclusión de la población trans en la categoría de trastornos mentales, argumentando que utilizar diagnósticos obsoletos es peligroso y no se ajusta a la realidad social.

Aunque algunos especialistas aseguran que el decreto podría facilitar el acceso al tratamiento hormonal gratuito para personas trans, también advierten sobre sus posibles consecuencias legales y sociales. Temen que legitime prácticas discriminatorias y “terapias de conversión”.

Ante la creciente presión, el Ministerio de Salud emitió un comunicado ambiguo, defendiendo la inclusión para “garantizar una cobertura completa en salud mental”, pero sin retractarse ni realizar una autocrítica.

Este debate coincide con la celebración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, recordando la necesidad de proteger los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

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