Yucatán enfrenta desafíos para proteger los derechos de la infancia
El informe “La infancia cuenta en Yucatán”, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y la Investigación y Educación Popular Autogestiva (Iepaac), revela datos sobre la realidad de la niñez en el estado.
Uno de los hallazgos evidencia que en 2020, el 4% de las mujeres entre 12 y 17 años vivían casadas o en unión libre, lo que representa a 301 niñas de entre 12 y 14 años.
Además, el informe señala un aumento en los casos de violencia sexual, con un incremento notable en el número de niñas y niños atendidos en hospitales por esta causa. Entre 2019 y 2020, la cantidad de casos aumentó de 25 a 59, siendo las niñas las más afectadas en un 86.4 por ciento de los casos.
Otro aspecto preocupante es la persistencia de la pobreza extrema entre la población infantil. Yucatán ocupa el octavo lugar en este indicador a nivel nacional, con un aumento del 8 por ciento al 12.4 por ciento en el período de 2018 a 2020. Este incremento refleja la falta de políticas efectivas para abordar las necesidades básicas de los niños y adolescentes en la región.
El embarazo en niñas y adolescentes es otra problemática grave que afecta a Yucatán. Con un 2.4 por ciento de mujeres entre 12 y 17 años que ya han tenido al menos un hijo, el estado enfrenta un desafío importante en términos de salud pública y derechos reproductivos. Estos embarazos tempranos tienen consecuencias devastadoras para las jóvenes madres, incluyendo un mayor riesgo de complicaciones durante el parto, abandono educativo y perpetuación de la pobreza.
El porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años con hijos aumentó en Yucatán entre el 2000 al 2020, pasando del 2.1 por ciento al 2.4 por ciento; también la población de entre 15 a 17 años, tenía al menos un hijo para el 2020.
“Estamos hablando de 82 niñas y adolescentes entre los 12 y 14 años que tendrían al menos un hijo nacido vivo en 2020 en Yucatán”, detalló Tania Ramírez Hernández, directora Ejecutiva de Redim.
Los municipios con mayores tasas específicas de fecundidad en niñas de 10 a 14 años, en 2019 fueron Chicxulub Pueblo, Cansahcab, Dzitás, Río Lagartos, Xocchel, Mama, Cantamayec, Yaxkukul, Dzilam González y Tekal de Venegas.
Mientras que los municipios con mayores tasas específicas de fecundidad en niñas de 15 a 19 años, en 2019 fueron: Chapab, Tekom, Kinchil, Chacsinkín, Kaua, Tzucacab, Tixcacalcupul, Seyé, Tahdziú y Hocabá.
Para Ramírez Hernández no se puede decir que Yucatán sea un estado próspero por las desigualdades sociales, los problemas y vulneraciones a los derechos humanos que afectan a las infancias en la entidad, como lo demuestra esta investigación.
“No podemos hablar de que hay garantías de derechos, no podemos hablar incluso de que Yucatán sea un estado próspero cuando los impactos en la niñez están demostrando que la pobreza extrema se está agudizando en el estado, entre otros males”, sentenció.
Violencia sexual: Entre 2019 y 2020 la cantidad de niñas y niños, entre 1 y 17 años, que fueron atendidos en hospitales por violencia sexual aumentó en Yucatán, de 25 casos a 59; la mayoría, más del 86 por ciento, mujeres.
“Las niñas y adolescentes en Yucatán no están viendo garantizado su derecho a una vida digna, ni la posibilidad de garantizar sus derechos y trayectorias de vida; lo que tiene un impacto en su nivel educativo, de trabajo, salarios… esta marca se queda acompañándolas para toda la vida”, subrayó la activista.
Educación: Con respecto al derecho a la educación para infancias de la comunidad indígena, el documento señala que en el ciclo escolar 2019-2020 el total de personas inscritas para el nivel preescolar fue de 24 por ciento de las niñas y niños que pertenecían a escuelas indígenas, sin embargo para nivel primaria ese porcentaje se reduce drásticamente a apenas el 5.2 por ciento.
“Esto nos está hablando de una brecha y quiere decir que la ecuación inclusiva no puede darse por sentada en Yucatán cuando observamos obstáculos en el ascenso y permanencia en el sistema educativo”, indicó Tania Ramírez.
Recomendaciones: Entre las recomendaciones están formular políticas públicas y programas donde se reconozca de manera diferenciada cuál es el impacto que tienen en la población en función de su pobreza, edad, condición de discapacidad, género, identidad sexual, orientación de género, la etnia.
También, revisar y replantear la participación de agrupaciones civiles e infantiles en el Sistema Estatal de Protección Integral para que se puedan garantizar mayor transparencia y representación en la toma de decisiones.
Aunado a esto, tomar en cuenta la voz de las infancias en diversos temas y enfocar la inversión pública en programas de calidad para la primera infancia.
(Abraham Bote Tun)