En el año 2023, en particular, el reporte indicó cómo se duplicaron las incidencias con respecto del período anterior, una señal clara de que, pese a los esfuerzos realizados por el gobierno del estado, el problema persiste y se agrava.

Este fenómeno, lejos de ser un asunto privado, emerge como un problema de salud pública y una violación a los derechos humanos que afecta a miles, desde mujeres, menores de edad y personas de la tercera edad.

La Fiscalía General del Estado (FGE), aunque comprometida en la lucha, enfrenta críticas por el rezago en las investigaciones y por no proteger adecuadamente los derechos de las víctimas al momento de denunciar. Esta situación subraya la necesidad de una acción más decidida y coordinada para enfrentar este azote social.

El machismo, la falta de educación en derechos humanos y el manejo de emociones, así como la precariedad económica, y el alcoholismo, se perfilan como los principales combustibles de este incendio. 

En respuesta, diversas instancias han emprendido acciones para combatir la violencia intrafamiliar: desde la implementación de leyes y políticas públicas robustas hasta la creación de programas de prevención y sensibilización. 

Asimismo, las autoridades estatales han establecido centros de atención integral para las víctimas, buscando ofrecerles el apoyo necesario para superar el trauma.

Sin embargo, Adelaida Salas Salazar, representante en el Estado del Observatorio Nacional del Feminicidio y Adriana Trejo Martínez, activista, escritora e investigadora sobre violencia intrafamiliar y feminicidio, subrayan la importancia de no sólo actuar post facto, sino también de trabajar en la prevención, la educación y el empoderamiento de las mujeres y la sociedad en su conjunto para reconocer y rechazar cualquier forma de violencia.

En informe del 6 de abril pasado, publicado en el portal de la Facultad de Derecho de la UADY, Trejo Martínez indicó que la violencia intrafamiliar en Yucatán no es un destino ineludible; “es una realidad que podemos y debemos cambiar”. 

“La tarea no recae únicamente en las autoridades o las víctimas; es un compromiso colectivo que exige la participación activa de todos los sectores de la sociedad”, señala Martínez Trejo.

Mencionó que hombres y mujeres deben unirse en la construcción de relaciones basadas en el respeto y la igualdad, mientras que la sociedad civil debe exigir y apoyar políticas y programas efectivos, advierten las especialistas.

Para aquellos que enfrentan situaciones de violencia, existen recursos disponibles:

Línea de ayuda 911, operativa las 24 horas.

Centros de Justicia para las Mujeres, que ofrecen atención integral.

En los últimos cinco días, la Secretaría de Seguridad Pública Yucatán (SSP) reportó casos graves de violencia intrafamiliar que ameritaron la detención de los infractores.

El pasado 31 de marzo en el municipio de Dzan, Felipe de Jesús C. H. lesionó de gravedad a su padre con un cuchillo, en su propio domicilio.

Fue detenido el viernes pasado por el delito de homicidio en razón de parentesco en grado de tentativa.

Agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), lo detuvieron en una parcela a 150 metros del entronque carretero Yotholín-Pustunich, municipio de Ticul.

Tras ejecutar la orden de aprehensión, los agentes y fiscales investigadores lo pusieron a disposición de un juez de control en el Centro de Reinserción Social de Tekax.

Por otra partes, elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron hoy a Iván G. H., de 53 años, originario de Guatemala, de oficio taquero.

Con base en la denuncia y datos de prueba recabados por los agentes y fiscales investigadores, el sujeto es probable responsable del delito de abuso sexual.

La víctima es su propia hija, una adolescente de 16 años que sufrió los abusos con violencia desde 2021 hasta 2023.

Los hechos sucedieron en un predio de la colonia Santa Ana del municipio de Kanasín.

Una vez ejecutada la orden de aprehensión, el individuo fue puesto a disposición del juez de control que le sigue proceso penal

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