La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) informó, a través de un comunicado, que promovió un mecanismo de control constitucional local en contra del proyecto de reforma a la Constitución y Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad.
La cual fue presentada por la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y aprobada por el Pleno del Congreso del Estado el pasado jueves 28 de marzo.
La decisión se basa en el compromiso de la CODHEY de asegurar que en Yucatán prevalezcan los derechos humanos, el estado de derecho y el equilibrio entre los poderes públicos y con el fin de realizar una revisión sobre la “probable inconstitucionalidad del decreto” aprobado por el Congreso del Estado antes de su publicación oficial.
“En pleno ejercicio de su autonomía constitucional y por considerar de interés social que en Yucatán deben prevalecer los derechos humanos, el estado de derecho y el equilibrio entre las relaciones de los poderes públicos”, informó el organismo.
En días pasados, Movimiento Ciudadano se posicionó en contra de una nueva modificación al Poder Judicial del Estado que pudiera poner en riesgo su autonomía, dos años después de una reforma que generó controversia.
“La reforma al Poder Judicial hace dos años arrebató su autonomía para entregársela al Ejecutivo, ignorando a trabajadoras y trabajadores, violentando derechos e imponiendo magistrados a modo del Ejecutivo”, afirmó Gabriela González Ojeda, representante ciudadana.
González recordó que, como resultado de dicha reforma, el Congreso del Estado tramitó las propuestas del Ejecutivo hasta lograr el reemplazo total de las magistraturas.
De acuerdo con la CODHEY, el mecanismo, denominado Control Previo de Constitucionalidad, fue presentado ante el Tribunal Superior de Justicia, que funge como Tribunal Constitucional Local según la Ley de Justicia Constitucional de Yucatán. Esta medida implica una revisión previa sobre la probable inconstitucionalidad del decreto aprobado por el Congreso del Estado antes de su publicación oficial.
El objetivo principal de la CODHEY, según explicó el organismo, es obtener la suspensión oficiosa del procedimiento legislativo para evitar la publicación del decreto impugnado.
Posteriormente, se espera que el Tribunal Constitucional Local se pronuncie sobre la inconstitucionalidad del proyecto de reforma, argumentando que adolece de vicios graves que ponen en riesgo el derecho a la legalidad, la seguridad jurídica y los principios de división de poderes e independencia judicial.
En palabras de la Comisión, se busca garantizar la protección de los derechos humanos y evitar la regresividad de los mismos.
“En la CODHEY, estaremos pendientes que se garantice la protección de los derechos humanos y lo no regresividad de los mismos; y coadyuvaremos para el fortalecimiento de las instituciones en nuestra entidad, desde una perspectiva de prevalencia del estado de derecho que fortalece nuestra democracia y sistema Federal”; concluyó.