El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) y el Tribunal Superior de Justicia del Estado cerraron el paso a los candidatos con antecedentes penales por delitos relacionados con la violencia de género y deudores alimentarios, entre otros.
Para ello firmaron un convenio que tiene como objetivo principal asegurar la integridad y la legalidad de las candidaturas para los próximos comicios.
La ceremonia de firma se llevó a cabo en la sala de juntas del Centro de Justicia Oral de Mérida, donde Moisés Bates Aguilar, presidente del IEPAC, resaltó la relevancia del convenio, enfatizando su cumplimiento no sólo como un mandato legal, sino también como respuesta a un reclamo social.
La colaboración entre estas entidades permitirá al IEPAC acceder a información crítica del Poder Judicial, esencial para verificar que los candidatos no posean antecedentes penales por delitos graves como violencia de género, acoso sexual, estupro, feminicidio, violación, o sean deudores alimentarios morosos.
Esta medida busca garantizar que individuos con condenas firmes en delitos que atentan contra la integridad y los derechos de las mujeres y la familia no puedan aspirar a cargos de elección popular, reforzando así la seguridad y la equidad del proceso electoral.
La magistrada presidenta María Carolina Canto Valdez reafirmó el compromiso del Poder Judicial para colaborar estrechamente con el IEPAC, compartiendo información pertinente pero manteniendo la confidencialidad y los derechos de los individuos.
Con este convenio, Yucatán da un paso adelante hacia un proceso electoral más limpio y justo, enfocándose en la legitimidad de las candidaturas y en el derecho de la ciudadanía a elegir representantes libres de antecedentes que contradigan los principios éticos y legales esperados de los servidores públicos.
24 Horas Yucatán