En una batalla legal que ha durado varios años, ejidatarios del municipio de Ixil, en Yucatán, han logrado una victoria significativa en la protección de sus tierras y modos de vida tradicionales.
La lucha se centra en la nulidad de un acta ejidal presuntamente fraudulenta aprobada en 2014 que buscaba cambiar el destino de más de 5 mil hectáreas de tierras de uso común, lo que, aseguran, podría haber llevado al despojo y privatización de estas tierras.
La asociación Kanan explicó que los ejidatarios presentaron una demanda agraria ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en Mérida, argumentando violaciones a la ley agraria, así como a derechos humanos, indígenas y colectivos en el proceso de aprobación del acta.
Esta demanda, detallaron, fue admitida por el TUA el 11 de marzo, concediendo una medida de protección que impide al Registro Agrario Nacional (RAN) entregar certificados o títulos sobre las tierras de Ixil a personas ajenas o empresarios hasta que se resuelva el juicio agrario.
Esta victoria legal, acompañada por Kanan Derechos Humanos, representa un paso crucial en la protección del territorio y la demostración de las irregularidades presentes en el acta de 2014.
Al suspender el acta, concluyeron, se evita que las tierras ejidales de Ixil caigan en manos de empresarios, permitiendo así conservar el medio ambiente y los modos de vida tradicionales y comunitarios de la región.
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