En Yucatán se han documentado varios casos donde la aplicación del principio precautorio regulatorio por parte de las autoridades vulneran los derechos más elementales de las comunidades indígenas, dijo el científico del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), Eduardo Batllori.
“Las familias indígenas mayas tienen un entorno legal que regula el acceso a recursos naturales, dejando al campesino milpero sin opciones de reproducción económica, social y cultural”, advirtió.
La conferencia “Milpa maya y sistemas complejos” se realizó en la Feria Internacional de la Lectura (Filey 2024) organizada por el Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” y la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
El doctor en Ciencias Geográficas manifestó que a pesar de que la normatividad ambiental admite la posibilidad de que campesinos milperos mayas aprovechen los subproductos del sistema biocultural agronómico para autoconsumo, en los hechos se les considera infractores ambientales, violentando los derechos fundamentales de individuos y comunidades indígenas.
“Bajo esa premisa se analiza el entorno jurídico legal que regula el acceso a recursos naturales de comunidades mayas, que alienta la inversión en el sector rural”, explicó.
Por esa razón, subrayó, las políticas públicas y entidades creadas para su aplicación de manera sectorial, temática y fragmentada, conjugando inequidad en la propiedad y en la utilización de los recursos para explotación comercial con tendencia hacia la concentración y centralización en la apropiación de la riqueza generada.
Batllori Sampedro reveló que realizó una investigación transdisciplinaria e interinstitucional que tuvo como objetivo promover el diálogo de saberes impulsando la soberanía alimentaria mediante la producción de víveres sanos y agroecología campesina.
Afirmó que la Milpa Maya Peninsular es un sistema productivo biocultural que ha evolucionado con el clima y recursos naturales.
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