En los últimos 15 días han llegado a esta columna una serie de denuncias de ejidatarios y pobladores de varias regiones del país, en las que exponían la indiscriminada tala ilegal y, hasta la “institucional”, como ha ocurrido en la ruta del Tren Maya, la obra insignia del gobierno federal.
Los casos denunciados de tala ilegal y desmonte se centraban en la zona de Huitzilac, Morelos; el suelo de conservación de Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta y Cuajimalpa, en la Ciudad de México; Temascalcingo, Valle de Bravo y Ocuilán de Arteaga, Estado de México; en la Sierra Chincua y el Valle de Apatzingán, Michoacán; en la región de La Unión, municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero; Los Tuxtlas, Pico de Orizaba, el Cofre de Perote, en el corredor Acayucan-Coatzacoalcos, del estado de Veracruz. La misma situación enfrenta Bacalar, Quintana Roo.
Y en relación a la “tala institucional”, señalaron el daño ambiental en la ruta del Tren Maya. En Campeche la deforestación masiva abarca los puntos donde se ubicarán las ocho estaciones: Candelaria, Escárcega, Felipe Carrillo Puerto, Edzná, San Francisco de Campeche, Tenabo, Hecelchakán y Calkiní. Además, otro impacto es el de Cancún a Tulum, Quintana Roo, el cuestionado Tramo 5 del proyecto ferroviario (con extensión de 677 km), el cual fue cambiado cinco veces sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental; es decir, violó la normatividad en la materia.
En todos los casos de denuncia de tala ilícita el modus operandi fue el mismo: “Los taladores vienen acompañados por gente armada, tanto externos como de las mismas regiones. La mayoría de las acciones las realizan por la noche y, además, el crimen organizado pone el transporte pesado para trasladar la madera y comercializar, así como toda la maquinaria para los aserraderos, y hasta organizan células comunitarias (sometidas y controladas) para que resguarden los equipos ante cualquier operativo de las autoridades”.
Hasta el 2021, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) registró una tasa anual de deforestación promedio de 208 mil 850 hectáreas por año (en el periodo 2001-2021), lo cual representa el 0.31% de la superficie forestal arbolada a nivel nacional (66.65 millones de hectáreas).
Si bien el Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional han realizado operativos en la zona de Huitzilac, Morelos, la tala ilegal no cesa, sólo dejan de hacerlo mientras hay patrullajes y después regresan a cometer el ecocidio.
Por ejemplo, a fines del año pasado, en un operativo las Fuerzas Armadas detuvieron a 25 talamontes, quienes pertenecen a grupos criminales dedicados a la tala ilegal, secuestro, extorsión y asalto a paseantes en la zona de Tres Marías, Morelos. Sin embargo, cuando los militares intentaron llevarse la maquinaria un grupo de pobladores hizo una valla humana junto con los talamontes para evitar que se llevaran la maquinaria. Pese a la resistencia las autoridades lograron controlar la situación y procedieron a la detención de los delincuentes.
El mismo escenario es el que vive en La Unión, Guerrero, aunque el toque de violencia es mucho mayor, pues se trata de una de las regiones donde proliferan las plantaciones de amapola (posee un alto contenido en alcaloides y se procesa para la fabricación de opio y derivados como la heroína de manera ilegal). De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esta entidad es uno de los estados con más plantaciones de amapola, y se tienen detectados más de 86,000 centros de cultivos de dicha planta.
También la Sedena señala que en Michoacán y Estado de México las redes criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia tienen sus brazos operadores en la tala ilegal y en los violentos cambios de uso de suelo de los bosques para la siembra de enervantes. Asimismo, en Veracruz existe la presencia del CJNG, Cártel del Golfo y Los Zetas, cuyos ilícitos se ramifican en el narcotráfico, secuestro, cobro de piso, narcomenudeo, robo de combustible y apoyo a los talamontes.
Por ahora, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene mapeadas 122 zonas críticas forestales en 20 estados del país, y en ellos destacan los delitos de la tala clandestina, lavado de madera, extracción de madera sana, sobreexplotación de los recursos forestales.
El 10 de julio de 2023, el jefe de gobierno de la Ciudad de México turnó al Congreso local una iniciativa de reforma al Artículo 345 Bis del Código Penal de la CDMX, en el que se elevó la sanción hasta por 20 años de prisión y una multa de seis mil a 10 mil UMA, por talar árboles en Suelo de Conservación. Anteriormente la pena máxima era de 10 años.
A nivel federal la situación de las penas es similar. Los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales establecen que se impondrá pena de seis a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa, al que ilícitamente: Desmonte o destruya la vegetación natural; corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles o cambie el uso de suelo forestal. Es por ello, que ahora la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impulsa reformas en la Cámara de Diputados para que la tala ilegal sea tipificada como delito grave con prisión preventiva.
El tema de los bosques debe ser contemplado como de seguridad nacional por la importancia de su gran valor ambiental.