FOTO: x (@juan_elman)

La noche del pasado sábado, cinco activistas y defensores de derechos humanos fueron detenidos en Oaxaca después de participar en una marcha contra la gentrificación en la capital. Los detenidos fueron identificados como Filadelfo Desiderio Aldaz, fundador del proyecto “La Comedora Comunitaria Ayuuk Nkä’äymyujkëmë”; Meztli Hernández Jiménez, de la colectiva “La Campamenta”; Ricardo Martínez y Antonio Díaz, también de “La Comedora”; y Nizayeejh Chávez, defensora de la Cojudidi. Sergio Andrés Céspedes Fernández, costarricense, también fue arrestado.

Los manifestantes fueron trasladados al cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, donde han permanecido más de 12 horas sin conocer los motivos ni los delitos por los cuales fueron detenidos. En una muestra de solidaridad, defensores de derechos humanos, abogadas y activistas han exigido su liberación, denunciando un abuso de autoridad.

En un comunicado, los inconformes expresaron su repudio a la “clara hipocresía” del gobernador Salomón Jara, quien, según ellos, detiene a periodistas, defensoras de derechos humanos y a un ciudadano costarricense mientras asegura defender los derechos de las mujeres. Acusan al mandatario morenista de represor, cuestionando la contradicción entre sus afirmaciones y la detención de los manifestantes.

La manifestación del sábado tuvo como objetivo protestar contra la gentrificación, señalando que este proceso amenaza la diversidad cultural y la identidad de las comunidades locales, despojándolas de sus territorios y recursos naturales. Los manifestantes también argumentaron que la gentrificación provoca un aumento significativo en el costo de vida y una distribución injusta de la riqueza, afectando especialmente a los habitantes locales de menores ingresos.

El texto de repudio fue firmado por 90 organizaciones de defensores de derechos humanos y más de 100 activistas individualmente, respaldando la manifestación y exigiendo la liberación de los detenidos.

La detención arbitraria de estos activistas ocurre en un contexto donde, según un diagnóstico de la organización Servicios para una Educación Alternativa A.C., Oaxaca ha registrado el mayor número de personas defensoras asesinadas en México entre diciembre de 2018 y octubre de 2023. El diagnóstico resalta la criminalización como la agresión más denunciada, con el gobierno estatal y municipal como principales agresores.

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El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, por su parte, justificó las detenciones, condenando el supuesto daño a negocios en el Centro Histórico durante la protesta y calificando la manifestación como racista. En sus declaraciones, comparó a los manifestantes con Adolf Hitler, generando indignación en la comunidad y aumentando la presión por la liberación de los detenidos.

La sociedad civil y organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo la liberación inmediata de los activistas y denunciando las detenciones como un atentado contra el derecho legítimo a la protesta y la libertad de expresión. La situación en Oaxaca destaca la importancia de la defensa de los derechos civiles y la necesidad de una atención urgente por parte de las autoridades competentes.

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