El fenómeno de las zonas metropolitanas en México mantiene un crecimiento acelerado, aunque en esencia no implica que se trate de modelos de desarrollo sustentable y sostenido. Dicho fenómeno no solo devora municipios, sino que también arrasa con la superficie boscosa, destruye ecosistemas y multiplica las “islas de calor” con la expansión del cemento y concreto, pues no hay una compensación efectiva con el ambiente.
En México, y por años así ha ocurrido, la metropolización no se apega a los instrumentos de planificación, como son los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, Programas Generales de Desarrollo Urbano o Plan Nacional de Desarrollo, y en consecuencia, el crecimiento de las áreas urbanas no es ordenado ni equitativo con los recursos naturales de cada demarcación.
El sello en el país es legalizar lo ilegal bajo la complicidad de los gobiernos en turno, como ocurre con los cientos de asentamientos irregulares en suelo de conservación de las zonas metropolitanas. Además, una buena mayoría de los desarrollos inmobiliarios se han consolidado en detrimento de esos recursos naturales; el camino ha sido violentar la normatividad y después mediante otros métodos torcidos, “legalizarlo”.
A fines del año pasado, el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informaron que en el país ya se consolidaron 48 zonas metropolitanas, además, 22 metrópolis municipales y 22 zonas conurbadas. Y estas instituciones indican que estas zonas metropolitanas –Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla-Tlaxcala, Toluca, Tijuana, León, Querétaro, Cancún, Mérida, entre otras–, integran 345 municipios con una población total de 67.6 millones de habitantes (lo cual representa el 54% de la población mexicana). En tanto, las metrópolis municipales reúnen a 12 millones y las zonas conurbadas integran a 2.9 millones de habitantes.
Por ejemplo, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), la más grande del país con 21.4 millones de habitantes, sumó ahora a su gran concentración urbana al municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, con lo que ya suman 2 municipios hidalguenses (el primero fue Tizayuca); 59 municipios del Estado de México y las 16 alcaldías de la capital del país, las que conforman la ZMCM o también llamado Valle de México. Y después de la ZMCM se encuentran las zonas metropolitanas de: Monterrey, con una población de 5.3 millones de habitantes; Guadalajara, alcanza los 5.1 millones; Puebla-Tlaxcala, 2.7 millones; Toluca, 2.3 millones; Tijuana, 2 millones; León, 1.9 millones; Querétaro, 1.5 millones, y Cancún, con casi 1 millón de habitantes, entre otros. En el caso de Mérida, Yucatán, presentan una acelerada conurbación y transformación hacia una zona metropolitana, fenómeno que se detonó desde la década de los 80. Actualmente su población es de aproximadamente 1 millón 400 mil habitantes.
Estas concentraciones poblacionales, con mayores tasas de crecimiento, vuelven a activar las alertas sobre las coordinaciones futuras que se deben establecer entre municipios y ciudades capitales. También son un llamado a actualizar los instrumentos de planeación, movilidad, ordenamiento territorial, asistencia técnica, prestación de servicios, así como para integrar modelos de desarrollo económico y de protección ambiental. Se trata de crear agendas globales con el sello normativo de zona metropolitana; hoy en día la normatividad municipal ya quedó rebasada.
Los municipios están interconectados y comparten vías de comunicación, así como servicios urbanos: agua, energía eléctrica, transporte de superficie y subterráneo, seguridad, centros de movilidad, terminales aéreas, entre otros. Sin embargo, no comparten los mismos gobiernos ni las mismas políticas públicas, por eso es muy importante ahora impulsar administraciones megalopolitanas. Recordemos que las megalópolis, por su naturaleza, tienden al desorden, elevan la desigualdad social y la carencia de servicios. La amenaza de los colapsos urbanos son más frecuentes y más peligrosos. Simplemente veamos los conflictos por el agua o de movilidad entre territorios, no están resueltos.
Por ejemplo, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés) indica que existe un parámetro a nivel internacional relacionado a los traslados urbanos, ya sea a los centros de trabajo, escuelas o servicios, y que impliquen más de 30 minutos impactan seriamente la calidad de vida por el estrés, por accidentes viales y afectan a la salud por la mala calidad del aire.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el intenso tráfico en las metrópolis como la Zona Metropolitana de la Ciudad de México genera pérdidas económicas superiores a los 82 mil millones de pesos al año. Esta metrópoli cuenta con un parque vehicular de casi 10 millones de automotores, y además, diariamente tiene una circulación flotante de más de 300 mil vehículos de transporte pesado de carga, y lo hacen durante casi todo el día. Las llamadas horas pico que hasta hace más de dos décadas era de 6 horas en promedio diario, ahora es de 14 horas, según refieren los expertos.
Ante este escenario de crecimiento poblacional, es urgente que se consolide la Ley General de Coordinación y Desarrollo Metropolitano, en donde se establezcan: una Autoridad Metropolitana y fondos metropolitanos para proyectos de agua, contra el cambio climático y para la movilidad sustentable, así como para los servicios públicos básicos. La metropolización exige normas institucionales.
HÁBITAT
ALEJANDRO RAMOS M. /alejandro.ramos@24-horas.mx