Aunque falta poco para iniciar el proceso electoral 2023-2024, algunos personajes y partidos políticos ya comenzaron con proselitismo adelantado, por lo que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) ha recibido cuatro quejas, indicó Moisés Bates Aguilar, presidente de la instancia.
Para evitar este tipo actos de campaña anticipados, que violan la ley electoral, el Instituto investiga los casos para determinar si procede dictar alguna sanción.
“Ahora se hace el análisis respectivo el área de lo contencioso y se analiza si proceden y, de ser así, serán turnadas a la Comisión de Quejas que determinará sobre la admisión y luego será el Consejo General del Iepac si hay alguna sanción”, expuso el funcionario.
En ese sentido, recomendó a aspirantes, funcionarios y partidos políticos ajustarse a la normativa electoral, pues los tiempos están bien definidos para hacer campaña, precampaña o definir candidaturas.
“Los exhortamos a que se mantengan bajo la norma, tener cuidado con el uso de los recursos públicos para promocionar la imagen”, indicó.
Proceso electoral
Será hasta el último trimestre de este año cuando inicie el proceso de los comicios, lo cual quedó ya definido luego de la resolución y se trabaja en coordinación, ahora con el Instituto Nacional Electoral (INE), para definir los plazos para precampañas, campañas y periodo de registro de candidatos.
“Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que rechazó la segunda parte de la reforma electoral o Plan B, se ratifica que el proceso electoral dará inicio en octubre, aunque ya hemos empezado con la organización; ahora mismo se está en el proceso de selección de consejeros y consejeras electorales y secretarios ejecutivos de los 106 municipios y los 21 distritos electorales”, expuso.
Bates Aguilar consideró que la normativa vigente, que quedó firme con la resolución del máximo tribunal del país, garantiza la organización del proceso electoral y da cuestiones de equidad y certeza.
Dijo que, si bien es necesario actualizar la normativa vigente, debe hacerse después del proceso que está por comenzar y a través de un trabajo coordinado entre partidos, institutos electorales y los poderes legislativos de cada entidad.
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