El Congreso de Yucatán aprobó el financiamiento de 3 mil 63 millones de pesos para la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, monto que deberá ser pagado en un lapso de 20 años y que ocasionará que la deuda pública del estado supere los 11 mil millones de pesos.
La solicitud recibió 22 votos a favor y tres en contra de los diputados Rafael Echazarreta, Karla Franco Blanco y Gaspar Quintal Parra.
Los opositores argumentaron que la negativa es porque el financiamiento compromete los recursos de este año en cuanto a programas sociales y porque no existe una planeación ni una gestión presupuestaria para la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso.
Aseguró que el proyecto se echó a andar sin la debida planeación gubernamental, ya que en la reforma a la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2023, que fue aprobada apenas hace seis meses, esta obra no estaba considerada.
“El saldo de la deuda pública a largo plazo, con corte al 31 de diciembre de 2022, según cifras del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente, asciende a 8 mil 609 millones 475 mil 13 pesos, deuda que, al sumarse el nuevo empréstito, daría un nuevo total de 11 mil 672 millones 475 mil 12 pesos”, advirtió el dirigente de la bancada del PRI.
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En contraste, el diputado Jesús Pérez Ballote justificó que la mega obra consiste en un dragado de 5 millones de metros cúbicos para aumentar la capacidad de las áreas de navegación del Puerto; de este modo, el canal pasaría de 150 a 180 metros de ancho, de 7.1 a 10 kilómetros de longitud y a una profundidad de 12.5 metros que abarque alrededor de 40 hectáreas de extensión.
“Sin duda, se trata de una obra justificada dadas las necesidades de infraestructura portuaria, pues en los últimos años se ha presentado un incremento en el movimiento de carga, pasando de 6 millones 700 mil toneladas a cerca de 8 millones 500 mil toneladas; con un aumento significativo de 21.9% en 2022 respecto del 2021”, dijo.
Con base en lo proyectado, esta obra iniciaría en septiembre próximo y durará 12 meses, por lo que deberá estar lista antes que acabe la actual administración.
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