El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) amonestó públicamente a autoridades municipales de Tixkokob, encabezadas por el alcalde Fabián Rivera Frías, por incumplir una sentencia y retener el pago a los regidores.
Como parte del incumplimiento fueron señalados: Maritere Polanco Morales, sindicó; Elmy Raquel Tuyub Castillo, secretaría del ayuntamiento y Lidio Isaías Juárez Gómez, tesorero.
Los funcionarios del Ayuntamiento de Tixkokob son señalados por incumplir con una sentencia relativa al Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido por cuatro regidores.
El alcalde podría ser sancionado por dos vías: la penal por el delito del incumplimiento de sentencia y la administrativa, a cargo del Congreso del Estado, y que podría derivar en la destitución del funcionario.
Lissette Cetz Canché, magistrada del TEEY, expuso que, a partir de esa resolución en la que se determinó que hubo incumplimiento de la sentencia se turnó el expediente a la Fiscalía General del Estado y al Congreso de Yucatán para que determinen si se debe emitir alguna sanción contralas autoridades.
Podría devenir, dijo, en una sanción penal y administrativa, porque caen en el rubro del delito de incumplimiento de una sentencia, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán.
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Dijo que la demanda fue interpuesta el 12 de diciembre del año pasado por los regidores, luego de que dejaron de recibir el pago de remuneraciones económicas por el desempeño de sus funciones, relativas a compensaciones por comisiones asignadas y que formaban parte de sus dietas.
Se determinó que los denunciantes tenían razón y se giró la instrucción a las autoridades responsables para que se pagara, pero no se cumplió y el 13 de febrero se dio un término de 72 horas para que se cumpla y 24 más para que se notifique de la sentencia.
Sin embargo, las autoridades de Tixkokob se negaron al cumplimiento de la sentencia, por lo que finalmente el TEEY resolvió el Incidente de Incumplimiento de Sentencia promovido por los afectados.
En dicho procedimiento resultaron fundados los agravios esgrimidos y, en consecuencia, se tiene por no cumplida la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional.
Así, se dio vista a la FGE y al Congreso para que decreten las sanciones penales o administrativas, en caso de que así lo determinen, de acuerdo con lo que marca la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán.
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