Para el magistrado de circuito en retiro, Pablo Monroy Gómez, existe una crisis y hace falta recuperar una visión integral de derecho para que haya un verdadero acceso a la justicia de las comunidades indígenas, porque el número de intérpretes que hay no es suficiente y estructuralmente el sistema funciona como si fuéramos un país monocultural.
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“Se habla de México como si fuera un solo país, una sola cultura, pero México somos muchos países y muchas culturas y si creemos que la cultura es la manera en que entendemos al mundo, pues hay muchas maneras de sentirlo, entonces necesitamos conocer esas distintas maneras para no imponer una, y menos para imponer la menos humana y menos sensible”, dijo.
Por su parte, Tomas López Arroyo, presidente del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), dijo que la entidad es una de las entidades con más intérpretes, pero hay que revisar la calidad de los servicios y las condiciones de los mismos, porque un mayor número no garantiza que tengan la calidad suficiente.
“Es un tema estructural, de cultura, porque todo el diseño institucional es monocultural, hay un reconocimiento normativo multicultural, pero en lo jurídico está pensado para una sola lengua y cultura”, dijo.
Como ejemplo, destacó que, de acuerdo con datos del INEGI alrededor del 23% de la población en Yucatán habla una lengua indígena, es decir, más de 525 mil personas.
Además, se registran 46 lenguas indígenas, de las cuales 8 tienen más de 100 hablantes: maya, ch’ol, tzeltal, tsotsil, náhuatl, zapoteco, mixe y zoque.
Además, el 65 por ciento de la población, destacó, se auto adscribe como indígena y, a pesar de ello, solo hay dos defensores públicos en la defensoría estatal que hablan una lengua indígena (maya), además de dos asesores jurídicos que hablan maya.
“Lo que ocurre es que, particularmente en Yucatán, más del 65 por ciento de la población que se reconoce indígena, no solo se habla la Lengua maya, hay 46 lenguas indígenas, la maya en mayor medida, pero hay otras lenguas”.
“El artículo segundo de la Constitución del país señala que cualquier persona indígena que acceda al sistema de justicia estatal debe contar con un defensor que conozca su lengua y cultura, pero solo hay dos defensores que hablan la lengua maya”, expuso.
Dijo que el estado de Yucatán tiene más de 24 mil habitantes que son monolingües, que hablan solo una lengua indígena y ahí cuando una persona ingresa al sistema de justicia tiene ya serios problemas, porque tienen derechos muy claros que establece la Constitución, donde el juzgador debe considerar también sus especificidades culturales, lo que a veces no sucede.