Para los integrantes del Sindicato Progresista del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en este poder no existen las condiciones que garanticen el respeto de los derechos de sus trabajadores. Su dirigente Luisa Martín Puc declaró que desde que el Congreso local aprobó la reforma a la ley del poder del estado han despedido a al menos 30 de estos empleados, lo que genera incertidumbre por su futuro laboral.
“Al día de hoy, tenemos conocimiento de 30 personas despedidas en el Poder Judicial, y al menos a los agremiados que les ha tocado el despido hemos presentado demandas desde septiembre”, señaló la líder sindical.
Criticó que, pese a que estas demandas tienen poco más de cinco meses, al momento este recurso legal no se ha emplazado a la parte demandada, es decir, al Poder Judicial del estado.
Martín Puc señaló que la reforma que se realizó a la llamada Ley Isstey (Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán) en realidad se trató de una estrategia política para que el ejecutivo tuviera el control total del Poder Judicial.
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La dirigente del Sindicato Progresista dijo que actualmente, sienten que como trabajadores están al aire, ya que existen -desde su punto de vista- pocas garantías para que se les paguen sus sueldos.
Comentó que la semana pasada se reunió con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, Carolina Castro Valdez, a fin de que se concrete una promesa de aumento salarial, sin embargo, el resultado de la junta fue que ese compromiso no se va a concretar.
“Lo dijo públicamente -la promesa de un aumento salarial- y aún lo van a analizar, si hubiera condiciones generales en un contrato colectivo de trabajo, ahí se estipularían el incremento salarial anual”, sentenció.
Explicó que como organización sindical presentaron una demanda ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán para que su sindicato, el Sindicato Progresista sea reconocido como el mayoritario en la entidad.
Por último, aseguró que su intención es ser un sindicato que no esté alineado a los designios de los líderes de burócratas del estado, ya que consideró que están a la merced de las decisiones del Gobierno del estado.
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