En poco más de cinco meses la llamada “lista negra” de deudores alimentarios en el estado aumentó a más del doble, pues de 40 registrados el 15 de agosto de 2022, en enero de este año la cifra llegó a 90, es decir, 50 casos más.
Esto representa más del 100%, lo que significa que hay una alta incidencia de quienes no cumplen con su responsabilidad de proveer para el sustento a sus hijos.
Sin embargo, este porcentaje es mínimo, considerando que el Poder Judicial del estado tiene una lista de 10,000 personas que deben pagar la manutención alimentaria.
Esta relación de personas engloba a quienes recibieron sentencias jurisdiccionales por haberse atrasado con el mandato emitido por un juez para cubrir el monto fijado.
Cabe señalar que la mayoría de los incumplidos son hombres, pero también hay mujeres; son 88 varones y solo dos féminas, de acuerdo con la Fiscalía estatal.
La dependencia estatal aclaró que, hasta ahora, ninguno de los 90 deudores ha sido consignado a un juzgado de control o enviado a la cárcel, ya que logran ponerse al día para evitar esta situación.
Sin embargo, algunos logran salir de la lista, otros ingresan porque entran en esta situación.
La morosidad se debe a diversas razones, pero la principal es por cuestiones económicas, situación que se complica por la inflación, que ha encarecido productos básicos y servicios, con lo que los sueldos no alcanzan, además que algunas personas pueden caer en desempleo temporal.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, el Fondo Auxiliar para la Justicia de Yucatán, que depende del Poder Judicial del Estado, resolvió 2,043 expedientes, a los que dio de alta para el pago de manutención alimentaria.
Con lo anterior, las personas obligadas al pago de alimentos para sus hijos o hijas ascendieron a 10 mil 46 en la entidad.
Prohibiciones
Cabe destacar que, este mes, por primera vez en la historia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la prohibición para que los deudores alimentarios morosos puedan postularse a cargos de elección popular en Yucatán, mejor conocida como “Ley Sabina”.
Esta norma, avalada el 17 de enero, también prohíbe acceder a cargos de la administración pública, como ya se hace en varias entidades. De acuerdo con el ministro Alberto Pérez Dayán, el objetivo es “desincentivar el incumplimiento de las obligaciones alimentarias”, en perjuicio, principalmente, de las personas acreedoras.
Además, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de la Fiscalía General del estado, el deudor alimentario moroso no podrá tramitar o renovar la licencia de conducir, ni acceder a los beneficios económicos otorgados por el Gobierno estatal, mientras siga inscrito como deudor en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Certificado de adeudo
Es común actualmente que algunas empresas soliciten entre sus requisitos de contratación un Certificado de Adeudo de Obligaciones Alimentarias, con el fin de verificar la responsabilidad de las personas a contratar. Este documento lo expide la FGE en forma gratuita.
El trámite es presencial en el módulo de la dependencia, de lunes a viernes, con horario de atención de 8:00 a 15:00 horas y se entrega a 5 días después.
La Fiscalía General del Estado difunde este plan de responsabilidad a través de la página oficial www.fge.yucatan.gob.mx y en sus cuentas oficiales de redes sociales.