A pesar de que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en Yucatán es una de las pocas instancias de este tipo que tiene autonomía presupuestal, su trabajo es “ineficiente”, calificó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Ineficiente, labor de la fiscalía anticorrupción en Yucatán
De acuerdo con el reporte “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción”, el año pasado recibió 19.7 millones de pesos, pero únicamente interpuso 26 denuncias penales en contra de exfuncionarios estatales y municipales por la probable participación en actos de corrupción en delitos como peculado, ejercicio abusivo de funciones, concusión y uso ilícito de atribuciones y facultades.
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Aunque obtuvo 12 vinculaciones a proceso, ocho no procedieron y se encuentran en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. Además, seis más están en proceso, en tanto el juez determina su situación jurídica.
Según los datos de la dependencia, logró solo dos sentencias condenatorias con la imposición de sanciones como la pena privativa de la libertad o prisión, multas e inhabilitación para desempeñar cargos públicos, entre otras. La última fue en agosto.
También impuso medidas cautelares como garantías económicas, presentación periódica ante las autoridades, prohibición de salir de la entidad y de acercarse a determinadas personas y prisión preventiva.
El año pasado recuperó bienes muebles e inmuebles por más de 65 millones de pesos.
EN RETROCESO
Según el estudio del Imco, la instancia yucateca pasó de “regular” a “ineficiente” de 2021 a 2022; en el primer año mencionado, le fue asignado un presupuesto por 21.2 millones de pesos.
En 2020 y 2022 la Fiscalía Anticorrupción inició un total de 328 investigaciones, 214 y 114, respectivamente, pero solo pudo judicializar 10 casos, cinco por año. Además, en 2020, fueron vinculadas a proceso solo tres personas.
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En cuanto a efectividad y porcentaje de judicialización de casos, la de Yucatán está detrás de las Fiscalías Anticorrupción de Quintana Roo y Campeche, que tienen 12% y 9% de efectividad, respectivamente, por lo que dichas entidades son calificadas con desempeño “regular”.
En Campeche iniciaron 530 investigaciones y logró la judicialización de 26, con ocho vinculaciones a proceso. En Quintana Roo iniciaron 2 mil 28 investigaciones, con 126 que llegaron ante un juez, 77 fueron vinculadas a proceso y emitieron 12 sentencias condenatorias.
El estudio de referencia es llevado a cabo por el Imco y la estrategia comunitaria Tojil, con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en México.
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