Hoy el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano Poveda, confirmó en entrevista que el Legislativo ha sido notificado de más de 200 amparos que se han presentado contra la Ley del ISSTEY.
Además, de los recursos contra esta polémica Ley, dijo que también se les ha notificado de los tres amparos, interpuestos por magistrados yucatecos, en contra de la Reforma al Poder Judicial que se hizo en fechas pasadas.
También dijo que el Congreso estatal analiza si presenta un recurso de revisión en contra del amparo que concedió el Juzgado Tercero de Distrito a la magistrada Leticia del Socorro Cobá Magaña, una de las que impugnó la mencionada reforma.
“Del ISSTEY tenemos una cifra superior a los 200 amparos y en el caso del Poder Judicial únicamente los tres magistrados y en este caso prácticamente tenemos hasta hoy y hemos recibido otras notificaciones de la Ley del Notariado y otros, pero nada que no esté dentro de la esfera de competencia del Congreso y es algo natural”, dijo.
Dijo que cada congreso tiene su número de recursos que se presentan, pero reiteró que es algo natural. En este caso, dijo, se trabaja para confirmar los criterios que se emiten desde el Legislativo.
“Por eso yo creo que es parte de un proceso que debemos de cuidar definitivamente, porque el argumento que debemos de utilizar es el respaldo legislativo que se encuentra en la exposición de motivos de cada una de las leyes aprobadas o de las reformas aprobadas”, señaló.
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Del ISSTEY, dijo que, no han tenido notificación de alguna suspensión y en el caso de la magistrada tienen hasta el viernes para un recurso y que la revisión sea revertida, para mantener los argumentos que dieron como consecuencia la reforma al Poder Judicial.
Agregó que, en el caso de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), no les ha notificado de que se haya enlistado alguna discusión, ni por el amparo de la Ley 3 de 3.
La discusión sobre las acciones de inconstitucionalidades promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de ambos decretos, ni de la reforma al ISSTEY ni tampoco sobre la Ley 3 de 3 contra la violencia.
Cabe destacar que fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la que presentó dicha acción de inconstitucionalidad por esa nueva ley que aumentó en 10 años más la edad de los empleados estatales (65 años) para tener su derecho a jubilarse.
David Rico
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