Los trabajadores del estado afectados por la nueva ley del ISSTEY, no están solos, recibirán respaldo jurídico con un equipo de abogados, anunció la senadora Verónica Camino Farjat.
La política afirmó que con un equipo de abogados, se asesorará a hombres y mujeres que resulten afectados en sus derechos a consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, aprobada el pasado 21 de julio con el voto mayoritario de los Diputados del PAN y sus aliados.
Al solidarizarse con cada una de las personas que con su trabajo sirven al Estado, a los ciudadanos y a la comunidad, la Senadora ofreció apoyo para promover Juicios de Amparo a quienes se sientan afectados y aseguró que, “los trabajadores del Estado de Yucatán, no están solos”.
Anunció también que solicitará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos su intervención para analizar la nueva Ley del ISSTEY que es Inconstitucional, atenta contra la dignidad de las personas y los Derechos Humanos, y se promueva, si así lo considera procedente, la Acción de Incondicional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Con la entrada en vigor de esta norma enviada al Congreso del Estado por el Ejecutivo Estatal se dio un duro golpe a las maestras y maestros, personal de salud, empleados de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos autónomos y ayuntamientos, entre otros, que a diario ponen lo mejor de sí y entregan con su valioso esfuerzo años de trabajo al servicio del Estado”, aseguró.
La legisladora morenista puntualizó sobre las principales afectaciones que sufrirán los trabajadores del Estado con la entrada en vigor esta nueva Ley del ISSTEY, en sus aportaciones para el fondo de pensiones, Derechos Humanos y crecimiento personal.
Con esta Ley se aumentará del 8 al 15 por ciento el pago de las cuotas y aportaciones para el fondo de pensiones al ISSTEY, ocasionado que la base trabajadora percibirá menos ingresos en su sueldo.
Aprueban reforma a la ley del ISSTEY
En el caso particular de los empleados del Poder Judicial, agregó, desde más de tres años que no tienen ni un solo aumento en su salario, además con la entrada en vigor de esta Ley les descontarán más dinero, que afectará su gasto familiar.
Se violan los derechos humanos de los trabajadores al aumentar el tiempo para jubilarse pasando de 30 a 35 años de servicio, y recibirán menos dinero, situación que parece no importarle ni al gobernador, ni a los diputados que aprobaron la nueva Ley del ISSTEY, indicó.
Los planteamientos de esta nueva norma son evidentemente regresivos en sus garantías laborales, ya que atentan contra su derecho a una jubilación digna, externó.
“El estado debe profesionalizar y dignificar el servicio público, pero en este caso no lo hace, al igual que generar más y mejores oportunidades para las y los trabajadores del estado, pues tiene la obligación constitucional de promover y garantizar el respeto a los Derechos Humanos de todas las personas”, puntualizó Verónica Camino.
Alberto Lugo
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