Comunidades mayas de Yucatán lograron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se comprometiera a no otorgar ni un permiso más para el asentamiento de mega granjas porcícolas en la entidad, informó el organismo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
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A seis años del inicio de diversos procesos de organización y resistencia en contra de la industria porcícola, y tras exigir la comparecencia de las autoridades encargadas de cuidar los bienes naturales, los demandantes consiguieron que la titular de la Semarnat, María Luisa Albores González, pactara respetar la voz del pueblo, agregó la asociación civil.
El encuentro entre la autoridad federal y las comunidades mayas se llevó a cabo el 13 de julio en Kinchil, donde hace un año hubo un proceso de auto consulta al que se sumaron habitantes de San Fernando, Maxcanú, así como de Celestún.
Por lo anterior, representantes de ocho localidades afectadas por la actividad porcícola expusieron los impactos que causa a su territorio y recursos naturales y reiteraron su demanda, tanto a la titular dependencia federal, como a la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), del Gobierno de Yucatán.
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“No a las mega fábricas de cerdos en nuestro territorio”, exigieron.
Durante la reunión, uno de los integrantes del Consejo Maya del Poniente Chik’iin ja’ mencionó que se tiene que respetar el derecho a la libre determinación del pueblo maya.
Posteriormente, a través de los diferentes testimonios, los representantes de los pueblos originarios de Homún, Kinchil, Celestún, San Fernando (Maxcanú), Chapab, Yaxkukul, Chablekal y Uayalceh expusieron el despojo de tierras que han enfrentado para la construcción de estas mega fábricas, la violación por parte de todas las autoridades al otorgar permisos sin su consentimiento y la constante aprobación de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) sin rigor científico.
Acusaron que, entre los impactos que ha generado esta industria, está la deforestación de sus montes, contaminación de cenotes y afectación a sus prácticas culturales.
A su vez, Albores González se comprometió a revisar las MIA otorgadas, a garantizar el proceso de participación de las comunidades en la determinación de sus ordenamientos territoriales y a coadyuvar en la realización de estudios y análisis sobre la calidad del agua en los territorios afectados.
BELÉN MARTÍN