Luego del colapso mundial por la contingencia sanitaria por el Covid-19 y ante la inminente recuperación económica, emprendedores yucatecos han puesto en marcha sus marcas y las registraron ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues el año pasado patentaron 32.
La cifra, según señalan estadísticas de la instancia, representa más del doble de las que se registraron en 2019 y 2020 (años con particular comportamiento económico porque son antes y después de la declaratoria de pandemia), cuando hubo 14 proyectos en cada uno de los periodos señalados.
A nivel peninsular, Yucatán lidera las patentes emitidas en 2021, pues Quintana Roo obtuvo 10 y Campeche, seis; en otras palabras, los registros en la región representan el 3 por ciento de los generados en total en México.
De acuerdo la Dirección Divisional de Patentes del organismo descentralizado, el año pasado se patentaron mil 569 proyectos en todo el país, de los cuales, el 31 por ciento se solicitaron en la Ciudad de México. En contraste, Guerrero no presentó solicitudes en dicho periodo.
El registro de 2021 fue alentador comparado con el del año previo pues en 2020, en el auge de la emergencia sanitaria, hubo 719 certificados emitidos por el IMPI; es decir, la recuperación fue más del doble. En esta ocasión incluso se superó a los datos obtenidos en 2019, cuando a nivel nacional se emitieron mil 354 licencias.
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HISTÓRICO
Desde 1994 a la fecha, el IMPI ha entregado 345 títulos y registros de patentes, diseños industriales, modelos de utilidad y trazados de diseño de circuitos en Yucatán.
De acuerdo con la tendencia, la mayoría se obtuvieron de 2006 a la fecha; de hecho, fue en ese año cuando el organismo otorgó más certificados a la entidad, pues emitió 35.
El único descalabro que hubo en la materia fue en 2018, cuando las estadísticas más de 14 patentes anuales, en ese periodo se obtuvieron apenas seis.
Con base en el mismo IMPI, este instituto busca “garantizar que la intervención del Estado en el campo de la protección de los derechos de propiedad industrial otorgue a sus titulares la seguridad jurídica necesaria para que el aprovechamiento legítimo de su capacidad creativa e inventiva promueva la inversión privada, la creación de empleos, el desarrollo económico, y en general, la competitividad del país”.
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