La Ley General de Archivos, vigente desde 2020, establece penas de prisión de tres a 10 años para servidores públicos que sustraigan, oculten, alteren, mutilen o destruyan archivos y documentos pertenecientes a la administración pública municipal. Esta legislación tipifica como delito grave el no entregar de manera adecuada los archivos públicos a las nuevas administraciones. […]
