Yucatán reconoce nueve zonas como Áreas Naturales Protegidas (ANP) debido a que los ecosistemas son de gran importancia y cuentan con amplia biodiversidad que busca proteger, conservar o restaurar mediante distintas estrategias de gestión, administración y manejo.
Te recomendamos leer: Mérida es considerada la ciudad con mejor calidad de vida del país
Las ANP en Yucatán están administradas por distintos niveles de Gobierno, nueve son catalogadas como reservas estatales y se encuentran en: Dzilam, Palmar, ciénegas y manglares de la costa norte, la reserva bio-cultural del Puuc y la reserva estatal geohidrológica del anillo de cenotes.
Otras áreas son reconocidas como parques estatales, tal es el caso de Kabah y las Lagunas de Yalahau e Ich Kool Balamtun.
San Juan Bautista Tabi y Anexa Sacnité son catalogadas como ANP de valor escénico, histórico y cultural.
A estas ANP de competencia estatal se le suman las que son responsabilidad de Mérida, donde se encuentra la Reserva Ecológica Cuxtal, que ha recibido especial atención en los últimos años como parte del proyecto para atraer turismo de alto impacto a la capital yucateca.
Además, existe una declaratoria, emitida en octubre del 2004, de tres zonas de reserva territorial en el municipio, “para el desarrollo sustentable”. Son de conservación de los recursos naturales, regeneración y desarrollo sustentable y zona urbana y de actividades económicas.
Finalmente están las ANP que son responsabilidad de la Federación: los parques nacionales el Arrecife Alacranes y Dzibilchaltún, así como el santuario en Río Lagartos.
En la región peninsular, preserva el Área de Protección de Flora y Fauna Bala’an K’aax; la Ría Celestún (Campeche y Yucatán) y la Reserva de la biósfera en Río Lagartos (Yucatán y Quintana Roo).
El objetivo es la conservación y protección de los ecosistemas y la biodiversidad que habita en esas áreas.
Por si te lo perdiste: Conoce la Feria de Yucatán 2023
Hasta el momento no se tiene considerada la creación de más ANP en la entidad; sin embargo, especialistas aseguran que la disparidad en las regulaciones federales, estatales y municipales complica la gestión de estos espacios.