David Rico
El Congreso yucateco admitió un punto de acuerdo propuesto por la diputada Carmen González Martín, para exhortar al Senado de la República a que se apruebe el dictamen de la Ley 3 de 3 que previamente fue aprobado por la Cámara de Diputados, para que se garantice que en el próximo proceso electoral 2023-2024 no pueda participar, así como no puedan acceder a cargo público, ningún deudor alimentario o agresor de mujeres.
Destacó que, en el caso de Yucatán, en junio del año pasado se aprobaron reformas a diversas leyes y a la Constitución Política del Estado, en materia de violencia de género y deudores alimentarios, es decir, la reforma conocida como la Ley 3 de 3.
Congreso de Yucatán exhorta al Senado aprobar Ley 3 de 3
Sin embargo, estas reformas fueron impugnadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de una Acción de Inconstitucionalidad pues demandaban la invalidez de dichas reformas legales y constitucionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválido el recurso presentado por la CNDH y validó como constitucional la Ley 3 de 3 de Yucatán, particularmente lo referente al deudor alimentario.
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La legisladora dijo que Yucatán fue el primer estado de la República en legislar en esta materia y, luego de ello, otros estados ya están legislando en materia de violencia política y deudores alimentarios, para evitar que estas personas ocupen cargos públicos. La iniciativa ha llegado a 26 estados de la república, de los cuales en 10 de ellos ya cuentan en su legislación con la ley 3 de 3.
En el plano federal, el pasado 30 de marzo la Cámara de Diputados aprobó la Ley 3 de 3 que impide a las personas deudoras alimentarias o que hayan recibido una sentencia por violentar a una mujer, acceder a candidaturas o puestos de trabajo en el sector público y se turnó a la Cámara de Senadores para su discusión, aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.
“Sin embargo, a pesar de que la minuta fue remitida desde hace unas semanas a la Cámara de Senadores, ésta aún no ha sido analizada en Comisiones, ni mucho menos en el Pleno de la Cámara de Senadores. Esta omisión es grave, pues el tiempo necesario que se requiere para realizar cualquier reforma que tenga un impacto en el proceso electoral que se acerca, tiene que ser emitida cuando menos 90 días antes del inicio del proceso electoral, por lo que queda muy poco tiempo para poder aprobar las mismas”, expuso.
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El Punto de Acuerdo presentado es para que el Senado apruebe la Minuta remitida por la Cámara de Diputados que contiene las reformas Constitucionales en materia de violencia de género y deudores alimentarios, y sean aplicadas en el proceso electoral 2023-2024.
La propuesta fue admitida por unanimidad y será discutida en una segunda lectura en próxima sesión del pleno.
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