Entre 2012 y 2021, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CDHEY) ha emitido 16 recomendaciones por suicidios y fallecimientos de detenidos en celdas municipales; las víctimas mortales ocurrieron en 13 cárceles municipales, destacando la de Umán con tres registros.
La muerte de José Eduardo Ravelo Echavarría, presuntamente agredido por policías de Mérida, no es la única que se atribuye a elementos uniformados de Yucatán durante la última década, de acuerdo con datos del organismo obtenidos por Latinus vía Ley de Transparencia.
Las autoridades que recibieron una recomendación por esas muertes son los presidentes municipales de: Maxcanú, Mérida, Tetiz, Valladolid, Umán, Chemax, Yaxkukul, Temax, Dzidzantún, Ticul, Baca, Tixcacalcupul, Tahmek y el secretario de Seguridad Pública de Yucatán.
En los últimos nueve años la Comisión Estatal recibió dos mil 312 quejas contra policías estatales y municipales; se han concluido mil 749, quedando en trámite 563. En siete de cada 10 se señaló a Seguridad Pública estatal, a la estatal investigadora, la ministerial y a las policías municipales de Kanasín y Progreso.
Detenciones arbitrarias, prestación indebida del servicio público, lesiones, allanamiento de morada y trato cruel o degradante, son las cinco violaciones más registradas por la Comisión Estatal; también se denunciaron cinco casos de violación y 11 de abuso sexual.
En ese sentido, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) condenó la actuación de la FGR en caso de José Eduardo Ravelo Echavarría, detenido el 21 de julio por cuatro elementos de la policía de Mérida en el parque San Juan. La mamá de José Eduardo asegura que la detención fue injustificada, que los policías lo golpearon y abusaron sexualmente de él hasta que murió.
Semanas después, el gobierno de Yucatán informó la detención de los cuatro policías implicados, quienes fueron acusados de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada. Sin embargo, una semana después un juez decidió no vincularlos a proceso y los cuatro uniformados se reincorporaron a sus labores a principio de septiembre.
La Fiscalía federal atrajo el caso y el 28 de octubre aseguró en un comunicado que Ravelo Echavarría murió por neumonía, descartando tortura y violación de los policías de Mérida: “Del análisis de los videos no se advierte violación a los derechos humanos o comisión de algún delito. Sólo maniobras de sujeción respecto de la persona que se resiste al arresto”, señaló la FGR.
Sobre la actuación de la FGR, Alejandro Jiménez Padilla, director general de Asesoría Jurídica Federal de la CEAV, quien lleva la defensa de Ravelo Echavarría y su familia, dijo que el trabajo de la FGR no es emitir sentencias en cuanto a investigaciones que aún siguen en curso.
“No hay ningún no ejercicio de la acción penal determinado por el Ministerio Público Federal (MPF); o sea, no hay ninguna determinación que implique una terminación de la investigación”, detalló Jiménez Padilla.
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Ante el boletín de la FGR, la CEAV emitió un extrañamiento en el que explicó que la investigación está en fase preliminar no concluyente; además, reclamó la falta de sensibilidad por dar a conocer sus conclusiones de la investigación sin previo aviso a la familia de José Eduardo.
El caso está abierto en el ámbito federal y la CEAV busca reactivar la apelación que se interpuso a nivel estatal: “Estamos recopilando (más) pruebas, la Fiscalía no tiene todos los elementos para descartar que el móvil de la muerte estuviera relacionada con un abuso policial”, dijo Jiménez Padilla.