Activistas de la agrupación Iniciativa Sinaloa y familiares de personas desaparecidas buscan que en Yucatán creen la Ley de Desaparición Forzada de Personas Cometida por Particulares del Estado de Yucatán, por lo cual presentaron al Congreso local una iniciativa que, esperan, sea retomada por legisladores.
Carmen Garnica Luna, miembro de la agrupación, explicó que el documento fue entregado a los órganos técnicos de la Comisión de Derechos Humanos y se presentó porque en Yucatán no existe un marco legal que atienda el tema y surgió también del reportaje elaborado por los periodistas Eduardo López y Claudia Arriaga, denominado “Desdeñan a los desparecidos, tanto en Sonora como en Yucatán, los dos extremos de la violencia en México”.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de enero del 2020 al 30 de agosto del 2022 en Yucatán desaparecieron 570 personas, de las cuales 315 son mujeres (55.26%) y 355 son hombres (44.74%).
Del total, 51 personas continúan en calidad de desaparecidas y otras 519 ya fueron localizadas, es decir, el 91.05%; sin embargo, del total de identificaciones, 24 personas aparecieron sin vida.
Garnica Luna indicó que buscan establecer la coordinación de la Ley General entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de coadyuvar a la búsqueda de personas, la investigación y esclarecimiento de los hechos.
También crear el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas y la Comisión Estatal de Búsqueda, así como elaborar un registro estatal de personas desparecidas y no localizadas que permita la participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda y garantizar su involucramiento en las etapas de investigación de manera que puedan dar opiniones, apotrar indicios y evidencias.
José Emilio Durán Monforte, oriundo de Tekax, narró que hace nueve años desaparecieron su madre y su hermana, pero hasta hace apenas un par de meses las autoridades dieron seguimiento al caso, gracias a la presión de organizaciones de la sociedad civil y periodistas.
Hace cuatro años, explicó, luego de un pleito entre dos personas, se supo quién era el responsable de la desaparición y asesinato de las mujeres, pero a pesar de la confesión que hizo a otra persona en estado de ebriedad, salió libre. Solo así supieron dónde estaban las osamentas y recientemente peritos efectuaron estudios de ADN para corroborar la identidad de las víctimas.
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