Organizaciones ciudadanas y especialistas en movilidad pidieron al Congreso de Yucatán no autorizar ‘a ciegas’ el componente de vialidades ligado al financiamiento del Plan Bienestar Metropolitano, pues advierten que varias de las obras que podrían recibir recursos no han sido detalladas públicamente y existe una posible desconexión entre los resultados de las consultas ciudadanas y los proyectos planteados.
En un documento dirigido a la LXIV Legislatura, los firmantes solicitaron que, antes de aprobar recursos, se hagan públicas las intervenciones, ubicación, costos individuales, diagnósticos, alternativas analizadas y estudios de seguridad vial.
La iniciativa entregada al Congreso únicamente identifica tres grandes rubros viales, pero, según los colectivos, no precisa las obras que integran dos de ellos ni sus características técnicas.
Congreso analiza financiamiento por mil 562 millones
El señalamiento surge mientras el Legislativo analiza la petición del Gobierno estatal para contratar hasta mil 562 millones de pesos de financiamiento, durante los ejercicios 2026 y 2027, para proyectos de agua potable, seguridad pública y movilidad.
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Ante los cuestionamientos por la información disponible, el gobernador Joaquín Díaz Mena aseguró que su administración está dispuesta a entregar al Congreso todos los datos adicionales que sean necesarios.
“Lo primero, toda la información que haga falta. Nosotros mandamos el expediente al Congreso del Estado”, sostuvo. Recordó que se reunió con diputados de prácticamente todas las bancadas y que funcionarios estatales ya acudieron ante los legisladores para explicar el proyecto.
Díaz Mena también se refirió al receso decretado en la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal durante el análisis del financiamiento, situación que consideró parte normal del proceso legislativo.
“Si algunos diputados así lo consideran, se puede decretar receso para pedir más información”, señaló. Agregó que los datos solicitados ya estaban siendo integrados y estimó que la comisión podría reanudar sus trabajos estos días, con la posibilidad de que el dictamen llegue al pleno viernes o sábado.
“Estamos en la mejor disposición de que puedan acudir más funcionarios si así fuera necesario”, añadió.
Cuestionan relación entre consultas y obras viales
Como hemos informado, el empréstito forma parte del Plan Bienestar Metropolitano, cuya inversión global anunciada asciende a cuatro mil 490.9 millones de pesos en tres años. Para su elaboración, el Ejecutivo reportó 34 mil 631 participaciones ciudadanas mediante encuestas y mesas de consulta.
Más del 95 por ciento consideró necesario mejorar el agua potable y saneamiento; 74 por ciento señaló la modernización vial y 71 por ciento el fortalecimiento de la seguridad. Sin embargo, precisamente el traslado de esas opiniones ciudadanas a las obras concretas es uno de los puntos cuestionados.
Los colectivos recordaron que entre las recomendaciones presentadas ante el Copledey el pasado 23 de julio aparecieron banquetas y ciclovías en las laterales del Periférico, mejoras al transporte público, vialidades para todo tipo de personas, interconectividad modal y auditorías ciudadanas.
En contraste, señalaron que en la cartera de intervenciones que posteriormente conocieron predominan pasos inferiores vehiculares, ampliaciones, retornos y carriles adicionales. Por ello, demandaron conocer cómo fueron procesadas y priorizadas las propuestas recogidas durante los foros, así como cuáles fueron aceptadas, modificadas o descartadas.
Colectivos piden transparencia en obras
Entre quienes respaldan la solicitud se encuentran la Coalición Movilidad Segura Yucatán, integrantes del Laboratorio Urbano de la Universidad Modelo, el Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida, Cicloturixes, Haciendo Ciudad, colectivos vecinales y especialistas en movilidad e ingeniería de tránsito.
Su petición es que el Congreso condicione cualquier autorización de recursos viales a mecanismos de transparencia, seguimiento, rendición de cuentas y cumplimiento de la legislación de movilidad, además de abrir la planeación y diseño de las intervenciones a la participación ciudadana.