En Ciudad de México desde hace tiempo hay un delito cuyo número de denuncias crece cada año. El despojo. Las autoridades han admitido casi todo, que los delitos se cometen y van incrementándose (según las autoridades de la ciudad, se abrieron mil 846 carpetas de investigación en lo que va del año. Las cifras del Secretariado Ejecutivo arrojan mil 966) además de que en algunos casos, hay una banda que comete este delito en específico.

Sin embargo, más allá de reconocer el problema, en la ciudad no se ha hecho mucho. Las denuncias siguen y los casos que se resuelven son muy pocos —300 casos en total, pero la Fiscalía capitalina no especificó en qué periodo—.

La autoridad también reconoció que hay varias víctimas, que hay modus operandi, que hay bandas dedicadas a ello. Todo bien hasta ahí, salvo que la resolución de los casos o su prevención no tienen fecha para empezar.

El problema es que la dinámica no es nueva. Este modo de operar tiene ya al menos una década de denunciarse y, al parecer contrario a la autoridad, quienes cometen el delito se van especializando.

Al principio era solo el uso de la fuerza, un grupo de hombres, en ocasiones armados entraban a la fuerza en un predio. Tomaban posesión de él y listo. Después vino un sofisticado sistema en el que las personas que llegaban a las propiedades sabían que había problemas con los documentos de la propiedad.

Una cascada de propiedades intestadas, habitadas por personas de la tercera edad, sin mucho cambio en la revisión de los documentos un buen día amanecían con dueños nuevos.

La verdad es que los matices de cómo se llevan a cabo son importantes en parte, pero forman parte de un problema más general que tiene que ver con una certeza jurídica.

El que este delito se cometa es una demostración de una profunda falta de Estado de derecho. Porque el hecho de no tener certeza sobre la propiedad de una casa es una de las vulnerabilidades más agudas para la ciudadanía.

El último caso que resonó fue el de la casa donde vivió el muralista Jorge González Camarena. A quienes invadieron la propiedad les tomó apenas unos días en los que quien la ocupaba estuvo en un hospital para tratar problemas de salud.

Eso bastó para que se cambiaran las chapas, se sacaran cosas de la propiedad y en menos de tres semanas incluso se cambiara la apariencia de la casa, según ha declarado Adriana González Camarena, nieta del muralista.

El caso dio gasolina para un grupo de personas que viene denunciando que detrás de los despojos hay un sistema. Finalmente la autoridad aceptó reunirse con algunos de los propietarios que tienen un pleito jurídico, algunos por más de 10 años.

Y aquí la duda genuina es: ¿a quién tienen que despojar para que el problema sea uno real? ¿Cuántas personas despojadas son demasiadas?

Lo que preocupa no solo es que las personas pierdan su vivienda de un día para otro, sino la posibilidad de una impunidad tan descarada y tan poca acción vista por parte de la autoridad. Necesitamos tener más certezas de quién va a vivir en las casas.

     @Micmoya