La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Mérida consideró que cualquier desarrollo inmobiliario en la zona de dunas de Chuburná debe avanzar únicamente si cumple con todos los permisos y autorizaciones correspondientes; y señaló que la inversión privada puede representar beneficios económicos siempre que se realice dentro del marco legal.
El presidente del organismo, José Enrique Molina Casares, aseguró que la cámara no cuenta con información suficiente para fijar una postura sobre el proyecto inmobiliario que ha generado una fuerte oposición ciudadana y que ya suma cerca de 60 mil firmas en contra.
"Desconozco el proyecto a detalle. Si cuenta con toda la documentación en regla, debería llevarse a cabo. Es una inversión y toda inversión es buena", expresó.
Canaco pide verificar permisos antes de emitir una postura
El dirigente empresarial subrayó que antes de emitir una opinión es indispensable conocer las características del desarrollo y verificar que haya obtenido las autorizaciones ambientales y administrativas necesarias.
Te puede interesar:
"Lo único que hay que garantizar es que cuente con todos los permisos y toda la documentación correspondiente", insistió.
Al ser cuestionado sobre si este tipo de inversiones beneficiarían a las comunidades de la costa, respondió que cualquier proyecto que cumpla con la normatividad puede representar una oportunidad de desarrollo económico.
"Toda inversión es muy buena y si cuenta con los permisos y autorizaciones correspondientes, ¿por qué no desarrollarlo?", señaló.
Proyecto en Chuburná mantiene controversia
Las declaraciones se dan en medio de la controversia generada por el proyecto inmobiliario en Chuburná, que ha motivado movilizaciones ciudadanas y el rechazo de organizaciones ambientalistas que advierten posibles afectaciones al sistema de dunas costeras y a zonas de anidación de tortugas marinas.
Aunque evitó pronunciarse sobre el impacto ambiental del desarrollo, Molina Casares reiteró que la posición de la Canaco-Servytur Mérida es privilegiar el cumplimiento de la ley como condición para cualquier inversión.

