A pesar de que el método militarizado no está permitido por las leyes mexicanas, en el país existen decenas de escuelas, centros, academias y hasta internados que ofrecen ese tipo de educación que es avalada por los gobiernos estatales y la Secretaría de Educación Pública, dependencia encargada de emitir los certificados de educación básica.

En los últimos tres años hemos conocido igual número de estudiantes fallecidos como consecuencia del mal trato brindado por los trabajadores de estos centros educativos cuyos registros de validez oficial de estudios son otorgados por los gobiernos de los estados.

En 2023, Zamir Pinto, de 16 años de edad, murió a causa de traumatismos abdominales que recibió en el Colegio Militarizado Aztlán, en Tultitlán, Estado de México; en abril de 2025, Erick Torbellin, adolescente de 13 años falleció en un campamento de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Santa María de la Ribera de la Ciudad de México.

El último caso registrado es del 16 de julio pasado, donde la adolescente Dafne Zapata de 13 años murió de asfixia por sumersión durante un campamento de verano de la Academia Militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Estos tres casos reflejan la impunidad con la que estas escuelas operan en todo el país, mientras que las autoridades no aceptan su responsabilidad y a pesar de la muerte de jóvenes estudiantes permiten que estos planteles sigan existiendo.

Ayer, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reconoció que este tipo de academias no pueden prohibirse porque no están permitidas, por lo que resulta indignante que evite responder sobre su responsabilidad como máxima autoridad educativa en el país.

Incluso destacó que la impartición militar en instituciones de educación básica resulta incompatible con fines, principios y objetivos constitucionales y legales, pero tampoco se atrevió a anunciar el cierre definitivo de estos planteles.

Y es que si bien estas escuelas están prohibidas, en los buscadores de información aparecen, más de 20 ofertas de educación militarizada, la duda es quién les otorgó los permisos y porqué les permiten seguir operando.

Qué están esperando las autoridades municipales, estatales y federales que suceda para que tomen verdaderas acciones para evitar que los estudiantes sigan muriendo a causa del mal trato que se les brinda en estos planteles.

Parece que la SEP aplica el viejo refrán de que “lo que no está prohibido, está permitido” y con ello mantienen en la impunidad a todas estas “escuelitas” que no brindan seguridad ni respeto a los derechos de sus estudiantes.

Y en Pregunta Sin Ofensa:

A pesar de que el gobierno de México creó un Instituto para fortalecer el pensamiento crítico frente al avance de la extrema derecha; ¿debemos confiar en las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien advirtió que México no va por la misma ruta de Nicaragua de prohibir las elecciones para evitar que la derecha llegue al poder?

      @aguilarkarina