En una suerte de “ojo por ojo’’, el Gobierno mexicano informó que, del 2018 al presente año, ha enviado 269 solicitudes de extradición al gobierno de Estados Unidos sin que se haya concretado ninguna.
La cifra, presentada para defender la exigencia de “pruebas’’ en el caso de las acusaciones de narco en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y 9 personas más, se subsidió en las siguientes categorías:
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De las 269 solicitudes, 36 fueron negadas y 233 continúan pendientes.
De esas 233, 183 son peticiones formales de extradición, 50 de detención provisional con fines de extradición; de esas 50, en 47 el gobierno estadounidense requirió a México “información adicional’’.
No se sabe cuántas solicitudes hizo, en el mismo periodo, Estados Unidos a México, ni cuántas están en proceso o han sido desechadas.
Lo que preocupa de la información, es la capacidad de la autoridad mexicana para respaldar tal cantidad de solicitudes.
Obviamente, la más publicitada ha sido la del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con quien la 4T y en especial el gobernador Américo Villarreal, parecen obsesionados.
Suena increíble que el gobierno de México no haya ganado ni una solicitud de extradición ¡en 8 años!
O las acusaciones en el país no tienen sustento o de plano hay una notoria incapacidad técnica en los encargados de procesar esos asuntos que pasan por la Fiscalía General de la República y por la propia Secretaría de Relaciones Exteriores.
La queja, que es desde luego una forma de defender la negativa a detener con fines de extradición a Rocha y compañía, también debería ser acompañada de una autocrítica o de los documentos que respaldan que las demandas mexicanas estaban sustentadas jurídicamente.
Por lo pronto habrá que esperar la reacción de los vecinos del norte, que no dejan pasar una indirecta y muchos menos una directa, como la lanzada ayer en la Mañanera.
A ver.
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El Institute for Economics and Peace presentó su informe anual denominado Índice de Paz 2025.
Este índice se compone de cinco indicadores que son medidos por los expertos del IEP: homicidios, delitos con violencia, crímenes de la delincuencia organizada, delitos cometidos con arma de fuego y miedo a la violencia.
En el informe, destacan los dos estados con mejor índice de paz (donde 1 es igual muy pacífico y 5 es igual a menos pacífico): Yucatán, con un puntaje de 1.2 y Chiapas con 1.7, lo cual es un logro después de que la entidad estuvo en años anteriores como uno de los lugares más violentos del país.
Por el contrario, los estados con menos paz (o con más violencia) son Colima, con un puntaje de 4.5 y Sinaloa, con 4.3, lo cual no es una sorpresa para nadie.
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El exdirector de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, dejará en los próximos días la delegación del Bienestar en Yucatán para competir por la candidatura de Morena al gobierno de Quintana Roo.
Marín Mollinedo fue designado delegado apenas el pasado 26 de abril después de su paso por Aduanas, en dónde le correspondió denunciar el caso del huachicol fiscal.
Su participación en la encuesta de Morena puede ser una señal de advertencia para el Partido Verde que se cree dueño del estado y todo indica que apostará por el insulso senador Eugenio Segura, mejor conocido como “Gino’’.
A partir del 22 de junio comenzarán el levantamiento de las supuestas encuestas morenistas y ahí se conocerán los nombres de los candidatos a las 17 gubernaturas en disputa.
@adriantrejo