La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) emitió su segunda recomendación de 2026 por hechos ocurridos en el municipio de Akil, donde se acreditaron violaciones graves a derechos humanos durante una detención realizada por policías municipales.

La presidenta del organismo, María Guadalupe Méndez Correa, informó en entrevista con 24 HORAS Yucatán que como parte de su labor de supervisión permanente, la Comisión inició 11 quejas de oficio, vinculadas principalmente con intervenciones indebidas de policías municipales y fallecimientos en separos.

De estos casos, precisó, nueve se relacionan con la posible vulneración al derecho a la vida.

“Acabamos de firmar la segunda recomendación del año; deriva de una mala intervención al momento de la detención, con tratos crueles, inhumanos o degradantes que lamentablemente culminaron en el fallecimiento de la persona”, explicó la ombudsperson; y recordó que estas resoluciones incluyen acompañamiento institucional para su cumplimiento.

CONDICIONES DEPLORABLES

El diagnóstico más reciente de la Codhey muestra que persisten condiciones inadecuadas en diversas cárceles municipales del estado.

Entre las peor evaluadas, dijo, se encuentran Sanahcat, Cansahcab, Quintana Roo, Tecoh, Chichimilá, Dzan, Dzoncauich y Chacsinkín, donde se detectaron problemas como falta de ventilación, escasa vigilancia y espacios que no cumplen con estándares mínimos.

Méndez Correa explicó que la supervisión de estos centros se realiza durante todo el año, con visitas presenciales a los 106 municipios, incluido Mérida.

Desde febrero, además, la Comisión retomó recorridos con una metodología que incorpora registro sistemático de hallazgos, con miras a emitir una recomendación general estatal sobre cárceles municipales hacia finales de 2026.

La presidenta de la Codhey advirtió que en algunos municipios ya se documentaron casos graves, entre ellos vulneraciones al derecho a la vida en centros de detención, como en Sucilá y Tixkokob, lo que obliga a reforzar la supervisión y las medidas correctivas.

El organismo también identificó fallas en el personal encargado de los separos. “Lo que hemos notado es la falta de capacitación, de sensibilización y de profesionalización”, señaló; y reconoció que los cambios de administración municipal cada tres años dificultan la continuidad en la formación de policías y funcionarios.