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por Dolores Colín
El conflicto entre la pedrera Matrimar, de los hermanos Martínez Gutiérrez y el Gobierno de Nuevo León escaló a un terreno delicado esta semana. La empresa acusó directamente a la administración de Samuel García de “extorsión disfrazada de acoso institucional”, tras un intento de clausura que, según su versión, ocurrió después de negarse a realizar un pago que considera irregular.
La compañía sostiene que logró la reapertura legal de sus instalaciones y que cumple con auditorías ambientales federales y estatales, por lo que rechaza las acusaciones de pozos clandestinos o tomas ilegales de agua.
El trasfondo del conflicto remite al llamado “impuesto verde”, incorporado en la Ley de Ingresos 2022, que grava emisiones contaminantes, descargas de agua y extracción de materiales pétreos como la piedra caliza. Tan solo en 2024, el estado recaudó 1,162 millones de pesos por este concepto. Sin embargo, el destino puntual de esos recursos no aparece desglosado con claridad en informes públicos.
El entonces secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez, habló de acciones generales como reforestaciones o una inversión de 23 millones de pesos en espacios públicos, pero reconoció no contar con cifras específicas sobre proyectos ambientales financiados con ese gravamen.
La controversia no se limita a una sola empresa. Fuentes del sector extractivo describen un entorno de inspecciones y sanciones que, a su juicio, responde más a una lógica recaudatoria que estrictamente ambiental. Algunos empresarios vinculan el endurecimiento fiscal con la presión presupuestal que enfrenta el estado rumbo al Mundial 2026, del cual Monterrey será sede.
El gobierno estatal, por su parte, ha defendido el impuesto como herramienta para compensar impactos ambientales y financiar infraestructura.
El malestar empresarial ya había quedado en evidencia en diciembre de 2025, cuando más de 60 cámaras y asociaciones, entre ellas Caintra, de Jorge Santos Reyna; Coparmex Nuevo León a cargo de Roberto Cantú Alanís y la Cámara de Comercio, de Fernando Canales, rechazaron el aumento del Impuesto Sobre Nómina del 3 por ciento al 4 por ciento, aprobado en el Paquete Fiscal 2026. Jorge Santos Reyna, presidente de Caintra, advirtió que el incremento afectará a las pequeñas y medianas empresas y podría frenar la generación de empleo formal en un estado que ha sido referente industrial del país.
SUSURROS
- ¿Recuerdan el cierre de recintos culturales en la CDMX por falta de servicios de seguridad? La empresa responsable Pryse fue inhabilitada durante un año y ahora una firma del mismo grupo, Serprosep, de Sandalio Sainz, busca el contrato en el Instituto de Migración, dirigido por Salomón Céspedes.
- La maestra Karla Mawcinitt Bueno, presidenta y fundadora de Fundación Por México, fue nominada por unanimidad al Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, distinción impulsada por el Senado de la República, a través de la comisión para la Igualdad de Género.