por Miriam Castillo

El crimen organizado tiene injerencia en la política mexicana. Lo que afirmo aquí no es ninguna novedad. Lo han estudiado y documentado tanto diversas organizaciones sociales como periodistas y las mismas autoridades.

Pero lo que quiero plantear aquí es quién debería ser el responsable de evitar que eso continúe. ¿Los partidos políticos deberían tener más filtros? O es una responsabilidad exclusiva del Estado marginar la fuerza de los cárteles para que no alcancen a los candidatos. ¿O es, como planteó la Presidenta de la República hace unos días, una responsabilidad del INE?

Definir o marcar responsabilidades podría darnos un camino por el cual definamos una ruta crítica para hacer que cada vez haya menos autoridades vinculadas con los delincuentes.

El avance del crimen quizá podemos aquilatarlo con el número de detenciones de los presidentes municipales en los últimos años.

Solo el operativo Enjambre ha dejado al menos 60 servidores públicos que incluyen presidentes municipales, regidores, policías y jefes de seguridad pública.

El fenómeno no tiene que ver con una relación partidista porque la gama abarca todos los colores. Las órdenes de aprehensión lo mismo van para María Elena Martínez de Morena por homicidio como Luis Hernández de Paz, de la coalición PRI, PAN, PRD por extorsión.

Sin embargo, si bien existen esos nexos, también está la duda de hasta dónde las autoridades municipales actúan bajo amenaza y dónde la intención de aliarse con el crimen organizado estaba marcada desde el inicio.

La violencia es algo que existe e influye en las decisiones tomadas en el momento o a futuro. Por poner un ejemplo, está el estudio Votar entre balas, realizado por el Programa de Seguridad de México Evalúa, en conjunto con Data Cívica y Animal Político que afirma que en la última década los incidentes violentos contra las autoridades y partidos políticos se han incrementado y lo que eso significa para el ejercicio del poder y de la democracia.

Según ese estudio, los ataques en contra de los aspirantes y sus familias casi se han triplicado en 10 años. ¿Cuántas veces los presidentes municipales tuvieron que ceder a las presiones por las amenazas y qué otras tantas, llegaron al cargo precisamente por tener un pacto previo con ciertos grupos?

Y aquí la duda genuina, ¿de quién debería ser la responsabilidad de inspeccionar a quienes compiten? ¿Es responsabilidad de quienes lo postulan o de los organizadores de las elecciones?

Creo que existe una responsabilidad compartida en la selección de las personas que pueden salir bajo la bandera de un partido a pedir el voto casa por casa en un municipio, en un estado o en el país.

¿Pero quién nos puede garantizar que no tendremos sorpresas en la siguiente elección? La figura del gobierno municipal es de las más cercanas y de las más vulnerables, por lo que cuidar su integridad debería ser una de las prioridades más altas para garantizar un Estado de derecho. Y fuera de algunos buenos deseos, no veo que lo estemos intentando.