Suscríbete a nuestro canal
El panorama de las comunicaciones inalámbricas en México experimenta una transformación definitiva. A partir del 9 de enero de 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) obliga a que todas las líneas celulares activas pertenezcan legalmente a una persona física o moral. Esta disposición forma parte del nuevo padrón nacional que la autoridad impulsó para ordenar el sector.
Además del registro obligatorio, los usuarios ahora tienen la capacidad de supervisar su propia seguridad digital. Actualmente resulta fundamental comprobar que ningún tercero utilice números telefónicos bajo el nombre del titular original sin su autorización. Por esta razón, el gobierno federal prioriza la transparencia en la propiedad de cada chip activo en el territorio nacional.
Te puede interesar:
Consecuentemente, la población ya cuenta con la opción de revisar cuántos contratos de servicio están ligados a su CURP o RFC. Si el sistema muestra una línea no reconocida, el interesado tiene el derecho de solicitar la desvinculación inmediata. Este mecanismo administrativo pretende reducir significativamente los índices de fraude y el peligroso robo de identidad.
Funcionamiento de la nueva plataforma de consulta de líneas
La CRT estableció que las empresas proveedoras de telefonía deben gestionar y operar la Plataforma de Consulta de Líneas Telefónicas Móviles. Por consiguiente, cada compañía telefónica debe presentar a sus clientes el listado de números bajo su responsabilidad legal. Para salvaguardar la privacidad individual, el portal únicamente exhibe los últimos cuatro dígitos de cada combinación numérica.
Asimismo, la consulta de estos datos personales está disponible de forma remota mediante internet o de manera presencial en los centros de atención. Cabe destacar que las personas físicas poseen un límite autorizado de hasta 10 números asociados a su identificación oficial. No obstante, si aparece un registro ajeno, el titular debe proceder con la baja correspondiente para sanear su historial.
Este trámite de desvinculación genera la inhabilitación inmediata del servicio sospechoso durante el resto de su ciclo de vida útil. Sin embargo, la normativa permite que dicho número mantenga la capacidad de recibir llamadas de emergencia y contactar a los servicios de atención ciudadana. De esta manera, la CRT garantiza la seguridad del usuario sin descuidar el acceso a servicios de auxilio básicos.