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Un Juez de Control dictó ayer un auto de vinculación a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva contra Gabriela Alejandra “N”, de 29 años de edad. Las autoridades señalan a la mujer, quien es originaria del estado de Quintana Roo, como la probable responsable de diversas conductas ilícitas cometidas en la entidad.
Dichas infracciones aparecen sancionadas de forma estricta tanto en el Código Penal del Estado de Yucatán como en la Ley General de Salud. Por esta razón, el juzgador emitió la resolución después de analizar los datos de prueba que aportaron los agentes investigadores durante la audiencia inicial del caso.
Para lograr este resultado judicial, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Ministerio Público presentaron los elementos recabados durante las diligencias previas. La fiscalía estatal sostiene que la imputada participó en actos que vulneran la tranquilidad pública y la integridad de las instituciones del estado.
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Específicamente, la autoridad acusa a la ciudadana de ataques peligrosos contra un servidor público y del delito de cohecho. Además, el expediente integra cargos por la portación de armas e instrumentos prohibidos, junto con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
Del mismo modo, la imputación contempla el cargo de daño en propiedad ajena cometido directamente contra una institución pública. Debido a la pluralidad de estos delitos, el magistrado consideró necesaria la reclusión de la procesada para garantizar el correcto desarrollo de las etapas siguientes del juicio.
Durante la comparecencia, los abogados defensores solicitaron la suspensión condicional del proceso para que su representada obtuviera la libertad inmediata. Sin embargo, el juez rechazó la petición al determinar que la solicitud no cumplía con los requisitos que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Plazos judiciales y canales de denuncia ciudadana en la entidad
En consecuencia, el juzgador otorgó un plazo de tres meses para realizar el cierre de la investigación complementaria por parte de la fiscalía. Durante este periodo, las partes involucradas deberán aportar mayores indicios que permitan robustecer la teoría del caso antes de llegar a la etapa de juicio oral.
Por el momento, las instituciones de justicia guardan reserva sobre otros detalles de la detención ya que las investigaciones oficiales todavía continúan su curso. La ley obliga a mantener el sigilo procesal para no entorpecer la búsqueda de evidencias adicionales relacionadas con los delitos de narcomenudeo y daños.
Finalmente, las autoridades estatales reiteran el llamado a los habitantes para que reporten cualquier situación ilícita a través de los canales oficiales. Los ciudadanos pueden comunicarse al número de emergencias 9-1-1 o realizar una denuncia anónima mediante la marcación 089 en caso de detectar riesgos.