En sesión extraordinaria del Pleno del Congreso del Estado, diputados locales aprobaron por mayoría los dictámenes que integran el Paquete Fiscal 2026 para el Gobierno del Estado.
El presupuesto avala más de 66 mil millones de pesos, con recursos que se concentran en cuatro prioridades: salud, justicia social, seguridad e infraestructura. La reforma hacendaria, con incrementos a algunos impuestos, causó debate sobre los impactos que puede generar en la economía de los ciudadanos.
Inversión histórica en salud y justicia social
Para salud, se destinó una inversión histórica de 6 mil 267 millones de pesos, 491 millones más que el año anterior, con el objetivo de mejorar la atención en clínicas, ampliar la disponibilidad de medicamentos y ofrecer servicios cercanos que reduzcan traslados costosos. Todo esto se verá fortalecido con la firma del convenio IMSS-Bienestar, la apertura del Hospital O’Horán, considerado el más grande de Centroamérica, y la conclusión del Hospital de Ticul.
La justicia social recibirá 6 mil 218 millones de pesos, destinados a programas gratuitos que apoyan directamente la economía familiar con: alimentación escolar; pensión para personas con discapacidad; apoyos para mujeres, jóvenes, agricultores, pescadores y comunidades rurales.
Seguridad e infraestructura para el bienestar
En materia de seguridad, se invertirán 4 mil 745 millones de pesos, 572 millones más que el año previo, para fortalecer las instituciones, mejorar la prevención del delito, capacitar a cuerpos policiales y ampliar la presencia en territorios donde se requiere mayor vigilancia.
El rubro de infraestructura contará con 3 mil 167 millones de pesos para transformar no solo avenidas principales, sino también colonias, comisarías y municipios. Los recursos permitirán calles pavimentadas, agua potable, caminos sacacosechas, escuelas dignas, centros comunitarios, infraestructura educativa y movilidad ordenada.
Debate legislativo y posturas enfrentadas
Germán Quintal Medina, diputado de Morena, respaldó el presupuesto de egresos 2026, calificándolo como un proyecto "social, estratégico y profundamente humano" que consolida el rumbo del llamado Renacimiento Maya. Destacó que el paquete fue construido con participación ciudadana y bajo la conducción del gobernador Joaquín Díaz Mena.
Señaló que el presupuesto destinará más de 3 mil millones de pesos en obra pública, con inversiones en infraestructura social, caminos rurales, vivienda, saneamiento, escuelas y la construcción de la Universidad Rosario Castellanos en Kanasín. Aseguró que las obras ya generan beneficios visibles en colonias del sur de Mérida y en comunidades rurales.
El legislador criticó a la oposición por difundir "rumores y medias verdades" que buscan desacreditar el proyecto y se negó a responder preguntas del diputado panista Álvaro Cetina, argumentando que debe rendir cuentas a la ciudadanía.
Te puede interesar:
Críticas de la oposición a la reforma fiscal
Por su parte, Álvaro Cetina Puerto, del PAN, fijó su postura en contra de la Ley de Ingresos 2026, calificándola como "el histórico presupuesto de las mentiras" impulsado por el gobierno de Morena.
El panista acusó al Ejecutivo estatal de imponer "nuevos impuestos que afectarán a quienes menos tienen", destacando el incremento al Impuesto Sobre Nómina (ISN) y señalando supuestos recortes a salud y a áreas de generación de empleo, mientras se aumenta el gasto en el despacho del gobernador.
La reforma fiscal generó debate entre las bancadas por el aumento del ISN del 3% al 3.75%, así como el incremento de impuesto en la enajenación de vehículos de medio uso, el alza en el costo del cambio de placas, tarjetas de circulación y pagos por ejercicios profesionales. Estas modificaciones fueron aprobadas por mayoría de los legisladores presentes.
Rechazo al endeudamiento y defensa de Morena
Alejandro Cuevas Mena, también de Morena, respaldó el presupuesto 2026 y arremetió contra las bancadas de PAN, MC y PRI, reiterando que no se crean nuevos impuestos para los yucatecos y que el dictamen únicamente restablece el cobro a plataformas de transporte como Uber y Didi, un 1.5% instaurado en 2019 durante la administración de Mauricio Vila que dejó de ingresar al Estado sin justificación.
La propuesta también incluía la autorización para que el Poder Ejecutivo contrate empréstitos por mil 500 millones de pesos, destinados a inversión pública productiva y reestructuración de deuda, con 200 millones etiquetados para la creación del Centro Estatal de Atención del Espectro Autista. Sin embargo, esta parte no fue aprobada, al requerirse las dos terceras partes de los votos de los legisladores para su autorización.
Asimismo, el plan contemplaba recursos para el inicio del Segundo Anillo Periférico Metropolitano de Mérida, la construcción del Centro Estatal del Espectro Autista, la creación de los Polos del Bienestar locales y otros proyectos catalogados como inversiones públicas productivas.
La reestructuración de la deuda estatal durante el ejercicio fiscal 2026 también formaba parte de la propuesta, pero ante la falta de respaldo mayoritario, estas iniciativas quedaron desechadas en la sesión legislativa.